por Agustin Gulman
07 Noviembre de 2017 12:45
El proyecto podría convertirse en una piedra en el zapato para varios dirigentes políticos. Cambiemos buscará aprobar una iniciativa para impedir que quienes tengan condena por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos públicos. Ya comenzó a debatirse en la comisión de Asuntos Constitucionales y tienen como objetivo evitar que se repita lo ocurrido con Carlos Menem, quien fue reelecto con dos condenas que aún no quedaron firmes.
Se trata de cuatro proyectos que tienen pequeñas diferencias, aunque todas van en la misma línea: limitar a los candidatos con problemas en la Justicia que pretenden ampararse bajo el abrazo de los fueros parlamentarios. Hasta ahora, para expulsar a un legislador o iniciar el proceso de desafuero es necesaria una condena firme o una orden de un juez que se lo pida al Congreso.
Quieren prohibirle la candidatura a quienes tengan una condena, aún sin estar firme.
Sin embargo, de avanzar alguno de los cuatro proyectos que se debatirán en la comisión de Asuntos Constitucionales, bastará con una sentencia de primera instancia. El texto de Silvia Lospennato (PRO) apunta a los “delitos políticos”: cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y todas aquellas figuras vinculadas a casos de corrupción.
En cambio, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, propuso que la prohibición para cargos electivos abarque también a los condenados por delitos contra la integridad sexual, las libertades individuales y aquellas figuras ligadas al narcotráfico. Además, impide que puedan presentarse a elecciones hasta ocho años después de cumplida la condena.
El proyecto de Carrió suma delitos de narcotráfico y contra la integridad sexual.
Por su parte, la radical Brenda Austin apunta a aquellos dirigentes sobre los que pese una condena por todos los delitos contra la administración pública, mientras que su par Marcelo Monfort, también radical, tiene una protesta aún más abarcativa: incluir todos los delitos de corrupción.
Para cualquiera de los casos se deberá modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Aunque evitan ponerle nombres propios, en Cambiemos señalaron ante BigBang que el proyecto de ninguna manera apunta a la ex presidenta Cristina Kirchner, multiprocesada en varias causas y con una elevación a juicio oral por la causa dólar futuro. Por eso, de avanzar la iniciativa, podría convertirse en una verdadera bomba de tiempo para aquellos dirigentes, actuales o ex funcionarios, que tuvieran una condena por delitos de corrupción en la administración pública.
Cristina está multiprocesada, pero sin ninguna condena.
Ponen como ejemplo el caso Menem: el ex presidente tiene dos condenas, una por los sobresueldos y la otra por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. En ambos casos la sentencia todavía no quedó firme. En el Gobierno, quieren evitar que en un futuro ocurra una situación similar, de diputados o senadores “atornillados” a una banca con el amparo que ofrecen los fueros.
No se trata de un dato para nada menor, sobre todo si se tiene en cuenta que por no tener sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, Menem pudo volver a presentarse como candidato a senador por tercera vez consecutiva. Antes de las PASO, hubo un contrapunto entre la Corte y la Cámara Electoral tras una presentación de Cambiemos en La Rioja para impedir que Menem pudiera presentarse. “Este proyecto hubiera resuelto ese caso”, dicen en el oficialismo.
