En 2017, la meningitis bacteriana se llevó la vida de Nicolás Deanna, un joven sano y deportista de 24 años. Su madre, Gabriela Covelli, transformó su dolor en lucha y dedicó los últimos siete años a la promoción de una ley que prevenga negligencias y errores médicos fatales. Sin embargo, hoy, la denominada Ley Nicolás, que logró la aprobación unánime en Diputados, está a punto de caer en el olvido ante la indiferencia del Senado. La iniciativa, diseñada para garantizar mayores controles y transparencia en el sistema de salud, fue girada al Senado en diciembre de 2023. Pero las comisiones necesarias para su tratamiento no se conformaron hasta agosto de 2024, dejando a la ley en un limbo burocrático. Pese a la insistencia de Covelli y las organizaciones que la apoyan, la falta de voluntad política se hizo evidente cuando, a pesar de contar con dictamen favorable en las comisiones de Salud y Legislación General, la Ley Nicolás quedó fuera del temario de sesiones extraordinarias.
La salud como rehén de los intereses corporativos
Según Covelli, detrás del bloqueo se esconde el poder de las grandes corporaciones médicas, aseguradoras y sindicatos del sector. "No les conviene que exista un sistema de control que evite la mala praxis. Es un negocio basado en el error y la impunidad", denunció en diálogo con BigBang. "El Senado la trató. Eso es lo peor. Las comisiones no se formaron hasta agosto, con lo cual era imposible tratar ninguna ley, no solo la Ley Nicolás", destacó.
La ley propone evaluaciones físicas, psíquicas y cognitivas para los profesionales de la salud, algo que, de haber existido antes, podría haber prevenido tragedias como la muerte de ocho bebés en un hospital de Córdoba. "La comisión de presupuesto dijo que esto es cero gasto para el Estado. No es algo en contra de esta ley, sino que directamente ninguna ley fue tratada en comisiones del Senado porque ellas priorizaron sus intereses personales", sumó.
La norma cuenta con el respaldo de la Academia Nacional de Medicina y de expertos en salud. "Es una ley de calidad internacional, con estándares anglosajones y alemanes", enfatiza Covelli. Sin embargo, la inacción política la mantiene en suspenso. La Ley Nicolás no es la única víctima de la inoperancia legislativa. En un año, el Senado sesionó apenas tres o cuatro veces, priorizando disputas internas y bloqueando cualquier iniciativa que no sirviera a sus propios intereses.
De hecho, hizo hincapié en las disputas internas. "Prefieren discutir sobre elecciones o el DNU antes que salvar vidas", denunció.. Cabe destacar que Covelli intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, sin éxito. Lo mismo le ocurrió cuando intentó contactarse con el presidente Javier Milei o el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Tres veces mandé mails y me contestaron con dos renglones: que están ocupados", lamentó.
De acuerdo con la titular de la Asociación Civil por la vida y la salud, el Gobierno y todo el poder legislativo prioriza "intereses individuales a los intereses colectivos de gente que se está muriendo por este tema". "Si esta ley hubiera existido, hoy no estaríamos haciendo el juicio en Córdoba por los ocho bebés muertos porque alguien les aplicó potasio. Esta ley lo que pide es un examen físico, psíquico y cognitivo de cada personal de salud que ingresa en una clínica o en un lugar público. No interesa el dinero que tengas, ¿entiendes? Nosotros hemos cedido, porque de la ley original a la ley que quedó hay una diferencia abismal", remarcó.
La respuesta está en la parálisis legislativa por disputas de poder. En noviembre, cuando el oficialismo y la oposición chocaban por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se suspendieron sesiones claves. Cuando se le pregunta por qué cree que el proyecto no avanza, Covelli no duda: "La corporación médica. No los médicos, sino los grandes sindicatos, las empresas de seguros de salud. No les conviene". La ley plantea exámenes físicos, psíquicos y cognitivos para los profesionales de la salud, tanto en el ámbito público como privado: "Si esta ley hubiera existido, hoy no estaría ocurriendo el juicio por los ocho bebés muertos en Córdoba. Se habría evitado el desastre".
Al mismo tiempo, insistió que la Ley Nicolás obliga a los "colegios de médicos a que cumplan con su obligación de suspender la matrícula" porque "en el tiempo en que dura el proceso (o la causa por mala praxis), que tarda siete o diez años, es algo riesgoso para la sociedad que estos médicos sigan ejerciendo". "Argentina ya fue condenada en el caso Brítez Arce por ir contra los derechos humanos en 2024, en medicina, en los juicios sobre mala praxis, porque no se respetan las leyes", afirmó.
Y agregó: "Estamos tratando de hacer una ley que tiene el consenso de los médicos de excelencia, que tiene el consenso de la Academia Nacional de Medicina, que tiene el apoyo de toda la sociedad. A mí, personalmente, le costó la vida a mi hijo y le costó también la vida a 300 personas que yo tengo en la ONG. Me daría mucha tristeza que esta lucha quede en el olvido y que tengamos que volver a seguir luchando, porque yo ya no sé si tengo fuerzas para empezar todo otra vez".
El problema de fondo es la impunidad. "Cuando un docente es denunciado, se lo separa del cargo hasta esclarecer la situación. En cambio, un médico acusado de mala praxis puede seguir ejerciendo por años", dijo indignada y enumeró casos de negligencia médica que se podrían haber prevenido: "Un hombre que fue por un problema urinario y salió sin posibilidad de tener hijos, a una modelo le diagnosticaron un simple golpe y resultó tener tres fracturas en la nariz".
Sobre las razones que la llevaron a transformar el dolor por la pérdida de Nicolás en militancia por la Ley de Seguridad del Paciente, Gabriela fue clara y advirtió que se dio cuenta "que en la causa de mi hijo había un culpable, que es el que condenaron, pero había una sociedad responsable". "Si alguien de las autoridades hubiera frenado a Lotocki, hoy no estaría muerta Silvina Luna", aseguró e insistió que esta lucha la viene sosteniendo de su bolsillo y del de las víctimas.
Incluso, expresó: "Nuestro esfuerzo es sobrehumano. Yo ayer viajé 100 kilómetros para que me hicieran una nota en un diario nacional. A nosotros nos hubiera sido mucho más fácil sumarnos a un partido político para que nos ayuden que hacer esto como lo estamos haciendo, sin bandera política. Estamos demostrando que pusimos, no un brazo, sino los dos. Pero cuando te ponés a observar, te das cuenta que en los últimos debates presidenciales no estuvo la salud".
El esfuerzo de Covelli y de cientos de familias no es un capricho personal. "Esto es para todos. No importa cuánto dinero tengas, la negligencia médica puede tocarte igual", sostiene. "Pero si la ley se cae, el mensaje que nos da el Estado es claro: 'Arregláte solo'. Nos empujan al egoísmo y a la resignación". La Organización Mundial de la Salud estima que millones de personas mueren cada año por errores evitables en el ámbito médico. En Argentina, no hay estadísticas oficiales porque ni siquiera se registran estos casos. "La ley exige que cada cuatro años se haga un relevamiento. Pero no lo quieren hacer porque no les conviene", acusó Covelli.
Si la ley no es incluida en las sesiones extraordinarias antes de que finalice febrero, perderá estado parlamentario y el proceso deberá empezar de cero. Para Covelli y las más de 300 familias que integran la ONG que lucha por la norma, esto representa un golpe devastador. "Nos obligaría a volver a empezar, a recorrer el mismo camino lleno de trabas, mientras las muertes evitables siguen ocurriendo", expresó con angustia y aclaró: "El impacto que tendría la pérdida de esta ley es seguir luchando por la parte judicial, sin solucionar nada para el futuro. Y no estoy dispuesta a volverlo a hacer. No tengo las fuerzas para volver a empezar".
El país que ignora la salud y la vida en favor de la burocracia y los intereses corporativos está condenado a repetir sus tragedias. La Ley Nicolás es una oportunidad de cambio, pero si el Senado sigue mirando para otro lado, su mensaje será claro: en la Argentina, la vida de los ciudadanos no es prioridad. "El tiempo que han perdido médicos de excelencia como el Dr. Vítolo, el Dr. García Elorrio, reconocidos en Harvard... todo eso es un material tirado, es un recurso humano tirado", añadió.
El 20 de febrero es la fecha límite para que el Ejecutivo incluya la Ley Nicolás en las sesiones extraordinarias. De no ser así, perderá su estado parlamentario y todo el proceso legislativo deberá empezar de cero. "Insistimos para que la incorporen en el temario, pero hasta ahora no lo hicieron. No quiero morir sin saber que hice todo lo posible para cambiar esto. No quiero que otras madres pasen por lo que yo pasé. No puede ser que en Argentina la salud no sea prioridad", concluyó Covelli.