El discurso contra la corrupción que tanto enarbola la gestión libertaria de Javier Milei quedó en una encrucijada este miércoles luego de que nombraran como subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Vicejefatura de Gabinete de Guillermo Francos a Rodrigo Alberto Sbarra, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la presidencia de Mauricio Macri. En enero de 2020 comenzó a ser investigado por lavado de dinero, tras que hallaran 10 mil dólares en su escritorio.
La mentira fue la primera defensa de Sbarra, quien acusó a la entrante gestión de Alberto Fernández de haberle plantado el sobre con el dinero. Lo cierto es que la investigación demostró que sí pertenecía a él. Primero una ex secretaria confirmó que la letra que tenía escrita pertenecía a él. Segundo, una empleada de Nordelta afirmó que había comprado un lote en el lugar por 180 mil dólares.
Esta cifra no estaba registrada en las declaraciones juradas presentadas por quien ahora fue oficializado como funcionario libertario a través del decreto 996/2024. En estas sí encontraron una deuda por un monto similar con su padre, el empresario inmobiliario que reside en Miami José Alberto Sbarra. A su vez, los investigadores encontraron más información notable en lo que tenía presentado en la Justicia. Un automóvil de alta gama, una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de dos terrenos pelados en la localidad bonaerense de Navarro. El mismo lugar en el cual había puesto en pie una mansión. Todo durante sus años en la gestión pública.
La causa que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita a pedido del juez Julián Ercolini, había comenzado como una posible coima. Aunque esto cambió tras la confirmación de la empleada de Nordelta. A partir de esto, el magistrado levantó el secreto fiscal y bancario que pesaba sobre Sbarra en febrero de 2020, y también le inhibió los bienes.
Seis meses más tarde, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara Federal, también inhibieron los bienes de la esposa del ex funcionario, Clarisa Camacci. En aquel entonces señalaron que "Sbarra no habría declarado la compra de un lote adquirido entre abril de 2016 y 2019 en Nordelta, Provincia de Buenos Aires, y sus declaraciones juradas tampoco reflejarían de forma clara los medios económicos para sustentar esa transacción".
Este tipo de decisiones gubernamentales dejan en claro que el discurso de la casta y contra la corrupción no es más que eso: un discurso. En los hechos, los ex funcionarios procesados e investigados por este tipo de delitos abundan en las filas del oficialismo nacional. Sbarra es sólo un botón de muestra. Los años más duros del menemismo encontraron refugio en esta gestión.