De la ley de salud mental a la motosierra
por Jimena Báez
11 Abril de 2025 16:08
El Hospital Nacional en Salud Mental Lic. Laura Bonaparte, uno de los centros de referencia en salud mental del país, atraviesa una de las peores crisis de su historia. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, trabajadores del establecimiento denuncian una política de desfinanciamiento sistemático que compromete su funcionamiento y afecta directamente a la atención de pacientes en situación de vulnerabilidad.
En los últimos meses, se registraron despidos de profesionales clave, recortes presupuestarios que paralizaron servicios fundamentales y una alarmante falta de insumos médicos y de higiene. A esto se suma el cierre de programas comunitarios y dispositivos ambulatorios que formaban parte del abordaje integral que propone la Ley Nacional de Salud Mental.
Mientras profesionales, pacientes y distintos sectores se movilizan contra el "ajuste con motosierra", el Gobierno nacional tomó una nueva medida que agrava aún más la situación: decidió no renovar los cupos de ingreso a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM), un pilar fundamental en la formación de especialistas.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtieron que esta decisión "implica un ataque directo a la calidad de la atención pública y al desarrollo profesional de quienes buscan especializarse en salud mental". En diálogo con BigBang, Pedro Bosco Veiga, médico residente de psiquiatría en el Bonaparte, explicó cómo recibieron la noticia: "Nos lo comunicó el equipo de docencia. El Ministerio de Salud no emitió ningún comunicado oficial, simplemente los cupos desaparecieron del Drive donde suelen publicarse. Esto ocurrió no solo en nuestra residencia, sino en casi todas las RISaM del país. También eliminaron las jefaturas, que son cargos concursados de formación docente dentro de las residencias".
Actualmente, en el Hospital Laura Bonaparte funcionan unas 45 residencias interdisciplinarias, que incluyen médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y psicoterapeutas. "La RISaM propone una formación conjunta bajo el enfoque de Salud Mental Comunitaria, promovido por la Ley Nacional de Salud Mental. Sin ese abordaje integral e interdisciplinario, el tratamiento en salud mental se vuelve inviable, sobre todo en un contexto social tan crítico como el actual", sostuvo Bosco Veiga.
Según el profesional, en tan solo tres meses el hospital perdió al 40% de su personal —alrededor de 200 profesionales— lo que deja a la institución al borde del colapso. A esto se suma el plan de cerrar la residencia en el único hospital nacional especializado en consumos problemáticos y adicciones, otro golpe directo a la política sanitaria vigente: "El Gobierno no sólo busca ajustar, sino borrar todo lo que se haya creado bajo gestiones anteriores. El problema es que las consecuencias no las sufren los funcionarios, sino la gente. Esto es pasar por alto leyes que garantizan derechos básicos", señaló.
La Ley de Salud Mental en Argentina promueve un modelo desmanicomializador, que busca la integración social de las personas con padecimientos mentales, en lugar del encierro permanente. El Hospital Bonaparte es una referencia en ese enfoque. "Cada vez atendemos a más pacientes que perdieron su obra social o no pueden acceder a medicamentos. El hospital les da esperanza y contención, es un orgullo nacional", agregó Bosco Veiga. Pese al vaciamiento, los trabajadores siguen en pie: "Hoy quedamos muy pocos en el Bonaparte. La eliminación de cupos en la RISaM y de las jefaturas es un golpe durísimo, porque somos nosotros los que sostenemos la atención, trabajando horas extras, con sueldos por debajo de la línea de pobreza, después de formarnos durante casi una década", relató el médico.
Desde el Gobierno de Javier Milei, la respuesta es el silencio. La gestión libertaria sostiene su plan de ajuste fiscal incluso a costa de servicios esenciales. Frente a esto, el colectivo de trabajadores exige la reincorporación de los despedidos, la restitución del presupuesto y la reapertura de servicios. La salud mental, históricamente relegada, vuelve a ser una de las principales víctimas del ajuste: "El Hospital Bonaparte representa una visión más humana de la salud mental. No trabajamos desde el mero suministro de psicofármacos, sino desde el vínculo y la contención. El cierre de la RISaM es un paso más hacia la derogación de la Ley de Salud Mental, como se planteaba en la fallida ley ómnibus. Lo que está en juego es mucho más que una residencia: es el derecho de miles de personas a recibir una atención digna", concluyó el residente.
