A esta altura está claro que lo que comenzó el 23 de agosto -día de las elecciones de Tucumán- pasará a formar parte de uno de los escándalos más graves que ocurrieron en democracia.
Fueron denuncias de urnas quemadas, disparos y corridas, que siguieron durante las nueve noches siguientes, en que los ciudadanos de la capital provincial se manifestaron en contra de un supuesto fraude por parte del Ejecutivo provincial, y hasta fueron reprimidos durante la primera pueblada.
Tras el comicio del 23 de agosto, los habitantes de la ciudad capital se manifestaron durante nueve noches seguidas.
De hecho, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán que anuló el resultado del escrutinio definitivo, es único en la historia de la democracia argentina.
Ese recuento le otorgó al candidato del oficialismo, Juan Manzur, doce puntos de diferencia sobre el candidato oposición, José Cano, del Acuerdo para el Bicentenario.
El arco opositor brindó una conferencia de prensa pidiendo transparencia y apoyando a José Cano.
Quizá en algunos años los manuales de los estudiantes relaten lo que pasó en la provincia donde el año próximo se celebrará el bicentenario de la Independencia.
Un hecho que aún no llegó a su fin y que ya ingresó en los laberintos de la Justicia, sus tiempos y procedimientos.
Daniel Scioli celebró el 23 de agosto el triunfo de Manzur en la Casa de Gobierno de la provincia.
Los pasos que vienen
El oficialismo tucumano seguramente apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, donde el gobernador saliente, José Alperovich, cuenta con esa ventaja que suelen dar los conocidos. En este caso, al tratarse de una cuestión electoral, ese tribunal actúa como segunda instancia.
Aunque es difícil que vote en contra del FpV, es seguro que la oposición podría continuar la pulseada acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que tendrá la última palabra. Esto en caso de que la CSJN, acepte el caso.
Es que para que intervenga el Supremo Tribunal debe existir una situación de riesgo del cumplimiento de la voluntad popular. Algo que será complejo de sostener si se detecta que no existe, al menos, una sola mesa impugnada.
Para los ciudadanos de la capital tucumana hubo fraude. Allí, para la intendencia, ganó la oposición.
Pero, ¿cuánto demorará este lento proceso hasta saber cómo continuará el Caso Tucumán? ¿Será antes del 28 de octubre, fecha en que caducan los mandatos de sus autoridades? ¿Y qué pasaría el 29 de octubre, cuando esté vencido el mandato del gobernador saliente, y no haya un nuevo gobernador en la Casa de Gobierno provincial?
Durante el escrutinio definitivo, dos fiscales oficialistas intentaron introducir al conteo unos 2 mil votos a Manzur.
En la reforma constitucional realizada en la provincia hace 10 años, no se actualizó la Ley de Acefalía, que dispone todo un mecanismo legal para, por ejemplo, casos extremos como éstos, por lo tanto no existe en Tucumán esa Ley. ¿Entonces, quien se hace cargo del Poder Ejecutivo provincial y de todas las cuestiones administrativas que necesitan de una firma autorizada, por ejemplo, para pagar los sueldos de los empleados públicos?
La única solución que se vislumbra es la de una intervención federal, con mandato del Congreso de la Nación o bien nombrado, por decreto de la Presidencia de la Nación.
Aún cuando la Justicia había prohibido que se promulgue un ganador, Manzur convocó a una manifestación para celebrar el triunfo.
La historia según Tucumán
“Si este fallo se confirma antes de la próxima elección nacional, fijada para el 25 de octubre, es probable que se vote ese día y si no, habrá que convocar otra fecha”, señaló el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, Gustavo Gómez.
Aunque para Gómez, la intervención “es inevitable”. Es que para que se convoque a otra elección, deberá convocarse antes de los 60 días, para que se “cumplan los plazos que dicta la Constitución provincial y la Ley Electoral”, advierte.
Gustavo Gómez, es el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
En este sentido, para el secretario de la Junta Electoral de la provincia, Darío Almaraz, las nuevas elecciones “se podrían realizar en, por lo menos, cuatro meses ya que hay que cumplir con todos los plazos que figuran en la legislación provincial”, explica.
Para Gómez, “una intervención es una decisión grave, pero sana a los intereses de la República” y explicó que es importante “la necesidad de restablecer la voluntad ciudadana de elegir a sus gobernantes sin ningún tipo de interferencia”.
Para Darío Almaraz, secretario de la Junta Electoral de Tucumán, se necesitan cuatro meses para otra elección.
Aún está abierto el escenario para el Caso Tucumán. Los días por venir, los intereses políticos y las elucubraciones políticas serán la clave para tomar una decisión. En cuanto no se aclare el panorama político de la provincia, todo lo que tenga que ver con lo que ocurra el 25 de octubre y el eventual ballotage del 22 de noviembre estará teñido de un acontecimiento histórico pero escandaloso.