Más allá de las ideas y vueltas dentro de la coalición que compone Cambiemos, en las que se levantan voces exigiendo que Macri brinde detalles a la Asamblea Legislativa sobre el estado en el que encontró la situación del Estado, se espera que en el discurso que brinde el Presidente al abrir el 134° período de sesiones ordinarias haya varios anuncios importantes.
Será la primera vez que Macri inaugura la Asamblea legislativa.
El radicalismo, Elisa Carrió y el sector más político del PRO, pretenden que se explicite el “desastre” con el que el macrismo ha encontrado el Estado.
Son las voces del grupo menos político del partido gobernante los que insisten en que no lo haga ya que “a la gente no le gusta revolver la basura”, como lo explicó el principal asesor, Jaime Durán Barba. En esa línea se inscribe el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Durán Barba y Marcos Peña son dos de los más cercanos que no quieren “revolver basura”.
Lo cierto es que más allá de repasar, en líneas generales, lo encontrado, el Presidente basará los 45 minutos que durará su discurso, en fijar la líneas generales de lo que se espera para el año 2016. En algunos casos le resultará sencillo sumar voluntades para aprobar las leyes necesarias, sin embargo, en otros, será desde las líneas propias, donde resultará un trámite más que complejo.
La diputada dice que tiene una “gran relación” con Macri, sin embargo no está de acuerdo con una “ley del arrepentido”.
El Paquete
En principio se presentará un paquete de medidas para transparentar el gobierno y sus funcionarios, otras que forman parte de un paquete anticorrupción, además de la leyes más vinculadas a la economía y la modificación del Consejo de la Magistratura.
Ley del arrepentido
La norma prevé reducir la pena a quienes proporcionen datos sobre actos de corrupción, considerando sus conductas en grado de tentativa. Elisa Carrió ya levantó su voz de protesta a esta norma y el peronismo también. Los detalles se conocerían luego de un seminario académico, que estará a cargo del ex diputado y ex camarista, Ricardo Gil Lavedra.
Recupero de bienes
Es para los casos de funcionarios vinculados a la corrupción. La norma prevé la extinción del dominio de activos, sin necesidad de que exista una condena firme. Esta norma autoriza a decomisar los bienes producidos por actos de corrupción mediante un trámite que avanza en paralelo al desarrollo del juicio penal.
El simbólico yate del multiprocesado ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, valuado en U$S 1 millón.
Protección de testigos
Se piensa como un programa de protección de testigos para casos de corrupción, trafico de drogas y delitos vinculados a la trata. Aunque ya existe una norma similiar se pretende mejorarla.
Ley anti sobornos
La norma está pensada para perseguir a funcionarios del país o de otras naciones y para empresas (también nacionales o internacionales) que paguen y reciban coimas. Estas leyes ya están en vigencia en otros países como Estados Unidos o Brasil y las empresas sorprendidas en estas actividades terminan pagando multas millonarias y aplicando programas corporativos anticorrupción.
Además de iniciarse un proceso penal para ambas figuras. Con esta ley la Argentina podrá insertarse en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un club exclusivo de los 30 países que producen el 60% de los bienes y servicios del mundo.
Una de las polémicas causas, durante el gobierno kirchnerista, en la que se denunciaron coimas.
Nueva ley de acceso a la información
Podría ser la primera de este paquete que aterrize en el Congreso y que obliga a los tres poderes del Estado a tener una información mínima on line, independientemente de que alguien la solicite. La idea es una norma de transparencia activa y de datos abiertos de todos los ministerios y de todas las decisiones que dentro de cada uno se adopten. Desde licitaciones hasta nombramientos.
Nueva ley de ética pública
Supone, tras varios años de silencio en esta área, retomar el sistema que amplíe la información que deben brindar los funcionarios en sus declaraciones juradas de bienes. Quieren que se les agregue a las de los funcionarios las más de 40 mil que están en manos de las oficinas de recursos humanos de cada ministerio. Por ejemplo, conocer lo que declaran los inspectores de Aduana, de la AFIP o de comisarios y subcomisarios de todas las comisarías de la ciudad.
También limitar la contratación de familiares en cargos públicos y ampliar la información sobre conflictos de intereses, impidiendo que un funcionario que se desempeñó en un área del Estado pueda trabajar en el sector privado, en la misma área de actividad, por un plazo no menor a dos años.
Mabel Franco, es la primer Comisaria de la Policía Federal, con la nueva ley deberá publicar en la web su declaración jurada de ganancias.
Ley de reforma electoral
Ya se trabaja en un borrador, que tiene a su cargo el secretario de Asuntos Políticos del ministerio de Interior, Adrián Pérez quien ya se reunió con los gobernadores y líderes de fuerzas políticas. Con esta norma se busca que en las legislativas de 2017 se vote en todo el país con el voto electrónico, boleta única. Creará un organismo con autonomía del Ejecutivo para encargarse de lo que ahora viene desarrollando la secretaría electoral del ministerio del Interior. También limita las reelecciones en todo el territorio.
Reforma del Consejo de la Magistratura
Busca eliminar a los representantes del Congreso, como diputados y senadores, y que sean especialmente designados para integrarlo. Para el caso de jueces y abogados, deberán pedir licencias mientras duren en sus cargos. Y se eleva la cantidad de miembros a 14: cuatro serán jueces, cuatro representantes del Congreso, cuatro abogados, uno del ámbito académico y uno del Ejecutivo. Apunta a que todos su miembros tengan dedicación exclusiva e impulsa las sesiones plenarias al menos una vez por semana.
Además, el proyecto fijará plazos estrictos para que las denuncias contra los jueces sean elevadas al plenario. También crea una Oficina de Estadística para, además de contar con estadísticas unificadas, evaluar el funcionamiento del Poder Judicial y hacer un seguimiento de las reformas judiciales que formarán parte del “Plan Justicia 2020”.
Se prevé enviar una profunda reforma del Consejo de la Magistratura.
Derogación de la Leyes Cerrojo y de Pago Soberano
Son fundamentales para poder firmar el acuerdo al que se ha llegado con los holdouts que litigaron ante el juez Griesa, y dejar atrás los tiempos del default. Es la ley que primero podría tratarse y ya hay consenso en derogarlas en ambas cámaras con amplia mayoría.
Se enviará un proyecto para bajar tres puntos del IVA, a todos los productos de la canasta básica, a aquellas familias que reciben planes.
Universalización de la ayuda por Hijo y rebaja de 3 puntos de IVA
Esta pensada, en principio, para asistir a aquellos sectores con menos recursos, que reciben Planes, y a los que se les devolvería a través de una tarjeta de compra y en sus cuentas, tres puntos del IVA en los productos de la canasta básica.
Se busca incluir en este beneficio a los monotributistas y trabajadores en blanco que cobren por debajo de una cifra que aún no está establecida pero busca que todos los trabajadores, sin distinguir la modalidad del empleo, puedan recibir este aporte a la niñez.