El procesamiento del ex ministro Julio de Vido estaba cantado. El juez Claudio Bonadio lo procesó después de que el tribunal oral que realizó el juicio oral por la tragedia de Once dispuso que el ex ministro también fuera investigado como titular del Ministerio de Planificación Federal durante los doce años de kirchnerismo.
También fueron procesados por el juez Jorge Gustavo Simeonoff y Silvia Emilse López, quienes tenían los cargos de Secretario Ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y de directora de coordinación y planeamiento estratégico del Ministerio, respectivamente.
Ya durante la instrucción de la causa, las querellas sostuvieron que De Vido debía haber sido llamado a indagatoria como superior de la Secretaría de Transporte. De hechos, los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, terminaron condenados.
Bonadio cumplió con lo que le ordenó el tribunal oral, convocó a De Vido a prestar declaración indagatoria, quien lo recusó, y hoy ordenó su procesamiento.
Los nueve puntos claves del procesamiento
En razón del elevado cargo que ostentaba, existen múltiples elementos que dan cuenta del conocimiento con el que contaba De Vido de la forma deficiente en la cual la empresa T.B.A. S.A. prestaba el servicio ferroviario durante su gestión.
El imputado tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria, como así también del sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio.
En relación a la inacción advertida en las dependencias a cargo del imputado, podemos mencionar que de la lectura del expediente S01:0079802/2010 se desprende que -a pesar de la gravedad de las cuestiones que surgían de este expediente-, estuvo aproximadamente siete meses en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal sin ningún movimiento significativo en su trámite.
Podemos mencionar que los antecedentes que sirvieron de sustento para el dictado del decreto n° 793/2012, mediante el cual se rescinde el contrato de concesión de las líneas concesionadas a la empresa T.B.A. S.A., como ser el importante deterioro del material rodante y el monto de las multas impuestas por incumplimientos del concesionario, son circunstancias que eran conocidas por la autoridad de aplicación con anterioridad al 22 de febrero de 2012.
En este contexto, durante años se constataron una gran cantidad de incumplimientos por parte de la firma T.B.A. sin que la autoridad de aplicación hubiera tomado ninguna medida al respecto, disponiéndose la intervención y luego la quita de la concesión recién con motivo de la tragedia que da origen a estas actuaciones.
Durante su gestión como máxima autoridad del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se posibilitó a ciertas empresas concesionarias de servicios públicos el manejo discrecional de los fondos que eran transferidos por el Estado Nacional, a causa de los deficientes controles en torno a la aplicación de los mismos.
No resulta un dato menor al momento de evaluar la responsabilidad de Julio De Vido en los sucesos investigados que en el ámbito del Ministerio a su cargo funcionaba la UNIREN, unidad que en casi nueve años de existencia, nunca se avanzó en la readecuación del contrato, a pesar de los incumplimientos del concesionario que ocasionaban un riesgos cada vez mayor en la explotación del servicio.
Todo lo expuesto, permite concluir que durante la gestión del nombrado se diseñó una política pública que favorecía que las empresas concesionarias incumplan con las obligaciones contractuales asumidas, a raíz de los deficientes controles -con las consecuencias que esto trajo aparejado y que fueron señaladas a lo largo de este resolutorio-, pero sin embargo se le transferían sumas de dinero cada vez más importantes en concepto de subsidios.
Por otra parte, si bien en otro pasaje de su descargo manifestó que no le correspondían las funciones de control y fiscalización del transporte ferroviario, lo cierto es que normativamente era la máxima autoridad en lo que hace a la prestación de estos servicios, por lo que el incumplimiento de la funciones de algunos de los dependientes no lo exime del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
El juez dipuso un embargo sobre los bienes del ex ministro por un monto de 600 millones de pesos y dispuso que permanezca en libertad mientras siga el proceso.