01 Septiembre de 2017 18:52
En Brasil fueron fundamentales para avanzar en el Lava Jato, la megacausa que logró una condena al ex presidente Lula Da Silva, a nueve años y medio de prisión.
En la Argentina, su figura para delitos vinculados a corrupción política es más reciente. Mario Pontaquarto fue el primero, aunque en los últimos años los casos se multiplicaron. Esta semana, el empresario Mariano Martínez Rojas acusó a una serie de ex funcionarios del Gobierno anterior de formar parte de una supuesta operatoria de lavado de dinero por U$S 2.000 millones. ¿Quiénes son los arrepentidos en la Justicia argentina?
Más allá del ex secretario parlamentario Pontaquarto que denunció las coimas en el Senado hace 14 años, en los últimos tiempos los nombres se sucedieron en múltiples causas. El caso de Leonardo Fariña en la Ruta del Dinero K es uno de los más resonantes, pero no se trata del único. También están aquellos que, en caso de acogerse a la figura del arrepentido, podrían prender el ventilador con durísimas acusaciones.
La figura del arrepentido ingresó al Código Penal el año pasado, tras una reforma parlamentaria. Tras los cambios, se puede ser arrepentido en delitos contra el código aduanero, narcotráfico, privación de la libertad, extorsión, lavado de dinero y terrorismo. “Es un arma de doble filo: tiene ventajas y riesgos, porque son declaraciones que están provistas de algún interés, lo que condiciona la objetividad”, analizó en diálogo con BigBang un juez federal con despacho en Comodoro Py hace más de una década.
Sin embargo, las ventajas son muy concretas, porque permite acceder a información para investigar delitos en los que siempre fue complejo obtener pruebas. Otro magistrado dice que la figura del arrepentido sirve porque, por lo general, se trata de actividades al margen de los circuitos razonables: “Si alguien que forma parte de la operación no confiesa es prácticamente imposible avanzar”.
Para ampararse como arrepentido, el imputado debe aportar información sobre sus pares o superiores, por delitos que prevean una pena igual o mayor. Si el delito prevé prisión perpetua, la reducción de la pena en favor del arrepentido no puede ser mayor a los 15 años. Y si la información es maliciosa, se prevén penas de cuatro a diez años para el “falso arrepentido”.
LA COIMA EN EL SENADO NO ES PECADO
Mario Pontaquarto fue el primer gran “arrepentido” de la política argentina. En 2003 confesó haber actuado como el valijero en el escándalo de coimas en el Senado durante la presidencia de Fernando De la Rúa. El ex secretario parlamentario admitió haber participado del pago de 5 millones de pesos a senadores peronistas, que salieron de fondos reservados de la ex SIDE, para que aprobaran una ley de flexibilización laboral en 2000.
Mario Pontaquarto, el primer "gran arrepentido".
La confesión voluntaria de Pontaquarto se transformó en una suerte de “faro” para la Justicia, aunque a pesar de su confesión, Pontaquarto, De la Rúa y el ex jefe de inteligencia, Fernando De Santibañes, entre otros ex funcionarios, fueron absueltos en 2013. Tiempo antes, el emblema de los arrepentidos había dicho que si no era condenado por el escándalo de coimas sería un mentiroso.
En diciembre de 2016, Pontaquarto celebró la reforma al Código Penal que incluía la posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido en casos de corrupción política. “Es una forma de reivindicar mi lucha”, sostuvo en aquel entonces. “Yo me auto incriminé, llevé el dinero, les dije que era culpable y que por lo tanto debía tener una condena, pasaron dos jueces federales y siete fiscales, pero como no tenían pruebas cerraron el caso”, le dijo a BigBang un año atrás.
UN ARREPENTIDO QUE NO ES
Acusado por lavado de dinero y con dos pedidos de captura internacionales, Mariano Martínez Rojas es el empresario que esta semana acusó de integrar maniobras de lavado al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; la esposa de Guillermo Moreno, Marta Cascales, y el cuñado de Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli. En una entrevista, detalló cómo eran las maniobras de lavado que según su versión permitieron blanquear U$S 2.000 millones durante el kirchnerismo.
“No clarificó su rol. Él no es un arrepentido, no conversó con la Justicia”, aseguró a BigBang el abogado de Martínez Rojas, Alejandro Sánchez Kalbermatten. Dice que es prematuro porque aún no saben cuál es la imputación concreta del juez Gustavo Meirovich. “Él manifestó que conoce cosas que pasaron por él, eso es ser testigo”, agregó su letrado.
Mariano Martínez Rojas, el ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América.
En concreto, Martínez Rojas fue imputado en la causa que investiga 56 empresas fantasma que utilizaban Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para conseguir dólares en plena época del cepo cambiario y sacarlos del país.
El nombre de Martínez Rojas tomó estado público cuando se presentó como comprador del diario Tiempo Argentino y de Radio América, en enero de 2016. Sin embargo, nunca se hizo cargo de los medios, ni pagó los sueldos ni el dinero adeudado a los trabajadores. La radio perdió la licencia, mientras que el periódico se transformó en cooperativa.
El 4 de julio de 2016, una patota ingresó a las instalaciones de la calle Amenabar y destrozó equipos. Ese madrugada, de acuerdo a una imagen publicada por el periodista Diego Pietrafesa, Martínez Rojas estuvo presente, aunque en una de las entrevistas que concedió esta semana lo negó rotundamente: “No entró una patota, entró gente conocida mía”.
De valijero a arrepentido
Fariña, el primer y único arrepentido en la "Ruta del Dinero K".
De valijero a arrepentido. El rol de Leonardo Fariña en la Ruta del Dinero K es digno de una película, o al menos de una serie de bajo presupuesto que podría emitirse en Netflix. “Él le ganó a todos”, dicen en su entorno. ¿A qué se refieren? El ex de Karina Jelinek fue el primero en acogerse a la figura del arrepentido en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, una maniobra que rozaría los US$ 77 millones.
Luego de pasar dos años en prisión, el joven financista decidió aportar datos a la Justicia con el objetivo de mejorar su pronóstico legal. Fariña estaba preso a disposición del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por evasión fiscal agravada, debido al no pago de $4.620.000 millones de impuesto al valor agregado y $ 7.700.000 millones del impuesto a las ganancias por operaciones ligadas con Lázaro Báez. El 9 de abril de 2016 declaró por primera vez como arrepentido y tras su aporte, la Justicia decidió excarcelarlo y otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.
En concreto, Fariña presentó ante la Justicia mails, documentos, y hasta pasajes de vuelos para acreditar que su información era veraz. Se movió rápido, lo hizo antes que el propio Lázaro Báez y Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI a través de la cual se habrían efectuado buena parte de las maniobras de lavado.
Su primera declaración fue explosiva e incluyó en su relato a Néstor y Cristina Kirchner, su hijo Máximo, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y una docena de personajes desconocidos que integraron la trama de su relato.
Entre los mencionados se encontraban: Martín Báez, Carlos Wager, César Andrés, Claudio Bustos, Fabián Albornoz, Federico Elaskar, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Ernesto Clarens, Santiago Walter Corradori y Maximiliano Goff Dávila.
Para asegurarse una mejora en su pronóstico legal, Fariña brindó información útil, precisa y comprobable. Por ello, el financista aportó datos sobre los movimientos de dinero del empresario K y el diseño de un millonario fideicomiso para Austral Construcciones.
En rigor, Fariña estimó que Báez lavó unos “77 millones de dólares” entre 2010 y 2011, un cálculo al que arribó por las distintas operaciones, transferencias y compras de bienes tales como los campos El Entrevero (Uruguay), El Carrizalejo (Mendoza), la adquisición de SGI y una cooperativa. En este último aporte ante la justicia, el financista dijo que su salida de SGI se produjo en abril de 2011, luego de que fuese desplazado por el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y Chueco, letrado de Báez, quienes comenzaron a trabajar con Santiago Corradori.
El imputado protegido reveló en su última declaración que la estructura de lavado de dinero debía contar con una cooperativa, una financiera (SGI) y un banco. En ese punto señaló que se iniciaron tratativas con Finansur (entidad financiera de Cristóbal López) pero que “nunca se concretó” la operación. Datos.
Del Banco de Santa Cruz a Ezeiza
Báez fue detenido en el aeropuerto de San Fernando.
Está acusado de ser parte de una estructura jurídica, societaria y bancaria destinada a lavar dinero en la Argentina y en el extranjero por unos 60 millones de dólares. Las operaciones, realizadas entre 2010 y 2013, fueron confirmadas por Suiza a través de un exhorto en respuesta a una solicitud del juez Sebastián Casanello. Allí se constató que se realizaron 139 transacciones bancarias vinculadas a la "familia Báez": los hijos del empresario serían beneficiarios de varias cuentas cuyo monto total ronda los US$ 20 millones.
En este escenario, Báez aún no se acogió a la figura del arrepentido. “Me están apretando. Me están apretando para que me calle, me están apretando para que no siga hablando. Por eso lo están haciendo", aseguró en una entrevista con Infobae. Lo cierto es que el rumor es siempre el mismo: no lo hace por temor a un avance judicial sobre sus hijos.
Lázaro está triste en el penal de Ezeiza. No sale de su celda y no tiene contacto con otros reclusos. Lee libros, reflexiona durante buena parte del día y no entiende cómo la Justicia rechazó todos y cada una de sus apelaciones y pedidos. Sólo accedió a autorizar su traslado a Santa Cruz para visitar a su enferma madre pero luego el propio Báez rechazó. Hace tiempo no ve a su familia y su estado de salud no lo acompaña: sufre de asma, diabetes grado 2 y el último episodio que provocó su internación. Un cóctel mortal.
El socio comercial de Cristina Kirchner cuenta con un doble procesamiento por lavado de dinero. Su frente judicial es complejo: el juez Claudio Bonadio lo procesó por asociación ilícita y lavado de activos junto a la ex Presidenta en la causa Los Sauces SA, el juez Julián Ercolini lo encontró responsable de una asociación ilícita destinada a favorecer desde el Estado a su holding con 52 contratos viales por $ 46.000 millones. Además, el juez Ezequiel Berón de Astrada, del fuero penal económico, lo procesó por retención indebida de aportes previsionales.
Báez continúa sin aportar datos, y parece que nunca lo hará. Su ex esposa, Norma Calismonte, se lo pidió: “Si hablás caen los chicos”. Cree que es el único que está pagando por las maniobras que llevó adelante con la familia Kirchner. Nadie hubiese pensado que el poderoso empresario vería la campaña a senadora de la ex presidente desde la cárcel. Uno de sus defensores le confió a este medio que cuando se enteró que Cristina abandonó el Frente Para la Victoria para dar lugar a Unidad Ciudad, aseguró: “Néstor no lo hubiese permitido”.
El arrepentido más temido
Pérez Corradi, el "colaborador" más temido.
Ni siquiera había pisado suelo argentino, cuando comenzó a desnudar el entramado mafioso a través del cual comercializó efedrina. “La Morsa es Aníbal Fernández”, fue la frase explosiva que Ibar Pérez Corradi le habría dicho off the record a un funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación cuando fue detenido en Paraguay, el 19 de junio del año pasado. Poco después, en julio, declaró frente a la jueza Servini de Cubría, ante quien habría ratificado estas declaraciones, aunque con algunos cambios. “Forza me dijo que la Morsa era Aníbal Fernández”, fueron sus palabras. Sebastián Forza ya no puede ratificarlas ni rectificarlas.
Pérez Corradi siempre supo que su única opción para intentar mejorar su complejo frente judicial (puede enfrentar 15 años por ingresar esa sustancia al país) era el intercambio de información. Y así lo hizo.
Bajo la actual figura de “imputado colaborador”, Corradi aportó información sensible sobre el mecanismo a través del cual se ingresó efedrina en el país. “Él colaboró y entregó información sobre Aduana, incluso Gómez Centurión (director de Aduana) utilizó parte de esos datos para descubrir hechos de corrupción en el sistema aduanero, y mencionó apellidos rutilantes: Aníbal Fernández, José Luís Meiszner, su hijo Andrés (ex titular del Renar), gente de la ex SIDE, entre otros”, sostuvo uno de sus defensores.
Según pudo saber este sitio, Corradi también aportó datos sobre la connivencia policial y el narcotráfico en la Triple Frontera. Incluso, una fuente de extrema confianza del acusado de ser autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, asegura que entregó información sobre células terroristas que operan en los límites de Argentina, Paraguay y Brasil.
A pesar de sus extensas declaraciones ante la Justicia, el pronóstico legal de Corradi poco mejoró: se encuentra en la prisión de Marcos Paz, está aislado, no lee diarios, ni mira noticias, y sólo tiene contacto con sus abogados. “Está peor que en la prisión Guantánamo”, dicen.
Corradi está enojado, cree que la justicia argentina incumplió el tratado de extradición, en el cual el Estado, a través del Ministerio de Seguridad, se había comprometido con la justicia de Paraguay para que Pérez Corradi no esté detenido bajo la órbita del servicio penitenciario federal.
Ante este escenario, la defensa de Corradi planea un viaje a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para realizar una presentación con fuertes críticas al rol de la Justicia argentina.
El arrepentido de ser arrepentido
Elaskar, se arrepintió, de ser un arrepentido.
Federico Elaskar sea, tal vez, el primer arrepentido en arrepentirse: “Mentí y pido perdón”, aseguró el joven financista, ex dueño de SGI, tan sólo cuatro días después de que asegurara en el programa “Periodismo Para Todos” que Leonardo Fariña llevó a su empresa entre 50 y 60 millones de euros que pertenecían a Lázaro Báez con el fin de enviarse al exterior.
Si bien Elaskar nunca se acogió a la figura del arrepentido, su primera declaración en televisión lo convirtió en uno de ellos: reveló maniobras para fugar al exterior millones de dólares del dueño de Austral Construcciones a través de su propia financiera, conocida como “La Rosadita”.
Por estos días, Elaskar goza de libertad por haber sido sobreseído parcialmente, aunque el 25 de agosto último fue imputado junto a 26 personas más- entre ellos Lázaro Báez- por integrar una banda dedicada al lavado de dinero. En rigor, Elaskar está vinculado a esta causa por reportes de operaciones sospechosas y se le trabó un embargo por $10.500 millones. Para la defensa del financista, estas operaciones “no tienen sustento” y aseguran que la Justicia lo colocó junto a un grupo de imputados “con los cuáles se peleó”.
En una de sus últimas declaraciones, Elaskar dijo que “Fariña le robó a su jefe Lázaro Báez”. Consignó que fue "mucho dinero" y que al no poder utilizarlo "buscó de testaferro a Carlos Molinari (el empresario que pagó la boda con Jelinek), era una fachada para poder utilizar el dinero que Fariña le robó a su jefe, Lázaro Báez".
El arrepentido de la redonda
Burzaco afrontará un juicio oral en noviembre.
Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias que admitió haber pagado coimas a funcionarios de la Conmebol a cambio de obtener derechos de televisación de las distintas selecciones sudamericanas, hace más de dos años que no puede salir de Manhattan, Nueva York, en donde espera el inicio del juicio oral por el pago de dádivas, el cual comenzaría en noviembre.
En rigor su firma admitió haber sobornado a un funcionario de la FIFA para obtener los derechos del Mundial en 2018, 2022, 2026 y 2030, según un comunicado de la fiscalía de Estados Unidos que mantiene en reserva el nombre del dirigente sobornado.
Lo cierto es que Burzaco no tuvo opción: debió convertirse en un arrepentido para evitar años de prisión en alguna cárcel de Texas. Además, pagó fianzas millonarias para lograr la prisión domiciliario y se le congelaron sus cuentas en el exterior. El hermano del actual secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, tiene abierto dos frentes judiciales: uno Argentina y otro en Norteamérica.
La Justicia investiga el posible delito de lavado de dinero en el país, aunque sus letrados desestiman que su frente judicial se complique.
Hasta el momento, Burzaco colaboró con la justicia de Estados Unidos al mencionar nombres de dirigentes sobornados, números de cuentas y montos exactos, aceptó su culpabilidad y devolvió parte del dinero. Su defensa confía en que no irá a prisión, y que el juez de Estados Unidos tendrá en cuenta que ya cumplió más de dos años de domiciliaria. Aunque sus caminos parecen bien distintos, Burzaco y Pérez Corradi tienen algo en común: ambos mencionaron a Aníbal Fernández y José Luis Meiszner frente al juez.