“Esto es lo más importante del año”. Sin vueltas una fuente de la Corte Suprema de Justicia calificó de esa forma al acuerdo del martes 13 del máximo tribunal, que alumbró una novedad con pocos antecedente en la historia, al menos reciente, de la cúpula del Poder judicial de la Argentina. Tras el acuerdo, se dio a conocer a través del Centro de Información Judicial un cronograma con los fallos más resonantes que se votarán en los próximos acuerdos hasta fin de año, antes del comienzo de las vacaciones de verano, por las cuales no habrá actividad durante todo enero.
Ya se sabía que el acuerdo de hoy iba a ser picante, porque más allá de los modos recoletos de los cinco integrantes de la Corte, hay cuestiones que vienen provocando ruido, como algunos nombramientos dispuestos por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, o el almuerzo de la semana pasada con el presidente Macri, al que sólo asistieron el nuevo titular de la Corte y Elena Highton de Nolasco.
Ya se sabía que el trío integrado por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, impulsaba una serie de fallos para las próximas semanas. La intención era, y así se acordó en el acuerdo de hoy, que esos fallos se conocieran antes de fin de año. Y así será. El cronograma que se conoció tiene impacto en varios ámbitos: en la economía, y en el presupuesto del Ejecutivo, por elevación, y en la política, también.
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El 27 de noviembre los jueces se pronunciarán sobre la polémica excepción al pago del impuesto a las ganancias que beneficia a los jueces. No es sobre la cuestión de fondo, ya que se referirán sólo a los nuevos jueces asumidos desde 2017. En esa fecha tratarán un amparo que presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional (AMFJN), y frenó la aplicación de la ley impulsada por el oficialismo que establece que todos los nuevos integrantes del Poder Judicial deben tributar Ganancias.
Para el 4 de diciembre se deberán pronunciar sobre el beneficio del dos por uno, por el cual se computa doble cada día de detención sin condena firme, para los acusados de delitos de lesa humanidad. Es un nuevo pronunciamiento, luego del polémico fallo del año pasado, que otorgó el beneficio al represor Luis Muiña. El fallo generó una multitudinaria manifestación -de las más grandes de la historia reciente- y una ley de Congreso que prohíbe otorgar ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad. Ya el mismo Rosenkrantz ha dicho públicamente que los jueces no deben legislar, por eso se espera que el nuevo fallo de la Corte termine por ratificar la ley sancionada por el Parlamento.
Para el martes 11 de diciembre, la Corte Suprema dictará sentencia respecto de la constitucionalidad o no de la ley de lemas que rige en la provincia de Santa Cruz y que le permitió llegar a la gobernación a Alicia Kirchner, la hermana del presidente fallecido. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia confirmó una modificación de la ley provincial y el caso llega a la Corte por un planteo del actual senador Eduardo Costa (UCR), quien había sido el candidato más votado del lema Unión para Vivir Mejor/Cambiemos en las elecciones de 2015. Alicia Kirchner sumó entonces los votos del candidato del Partido Justicialista, el ex gobernador Daniel Peralta y llegó a la gobernación.
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Y el caso que probablemente más le interesa al gobierno, por lo que puede significar en materia presupuestaria quedó para el 18 de diciembre. Se trata del caso del jubilado Lucio Orlando Blanco, que reclama una actualización de sus haberes con el índice que se utilizó históricamente, antes del cambio que introdujo la llamada Ley de Reparación Histórica que se sancionó en 2016. El demandante tuvo pronunciamientos favorables en todas las instancias, pero la ANSES apeló una y otra vez y por eso llegó a la Corte. El Gobierno sostiene que el reclamo puede desequilibrar las cuentas pública porque implicaría actualizar haberes en miles de demandas que están pendientes. Sin embargo, abogados previsionalistas sostienen que esos eventuales desembolsos se pagarán en los próximos años y que además no representan más del 1 por ciento del presupuesto de la ANSES.