En los últimos 12 meses, ¿alguna vez usted o algún miembro del hogar no tuvo qué comer o tuvo poca cantidad de comida y sintió hambre por problemas económicos?”
La pregunta integra un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicado meses atrás. La respuesta es alarmante: el 14,5 % de los chicos menores de 17 años que viven en la provincia de Buenos Aires pasó hambre en 2018. Según datos del INDEC a nivel nacional, el 46,8 % de los menores de 14 años es pobre. Este jueves la oposición buscará aprobar la ley de Emergencia Alimentaria resistida por el Gobierno y reclamada por organizaciones sociales, gremios y la Iglesia.El proyecto de la oposición busca prorrogar la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022, y prevé un incremento del 50 por ciento del presupuesto previsto para políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. El texto fue consensuado por los diversos bloques opositores, pero como será tratado en una sesión especial necesitarán dos tercios de los votos de los presentes para aprobarlo en Diputados y darle giro al Senado. El presidente Mauricio Macri dio libertad de acción a sus legisladores y ya hubo quienes anticiparon que votarán a favor, como el radical de La Pampa, Daniel Kroneberger.
ACAMPE Y PROTESTAS
En la calle también se hará sentir la presión al Gobierno. Organizaciones sociales y partidos de izquierda realizarán un movilización con acampe por 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, luego de que fracasara un encuentro con la ministra Carolina Stanley este martes, donde reclamaban la apertura de programas sociales, más recursos para la compra de alimentos y un incremento en los planes.
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En el Congreso, la oposición presionó por la Emergencia Alimentaria durante la semana pasada, con el objetivo de que sea el presidente quien la declare por decreto. De ese modo se ahorrarían al menos dos meses porque el Poder Ejecutivo estaría facultado para comprar alimentos de forma directa. En la Casa Rosada insisten en que la emergencia alimentaria ya está declarada en el marco de la Emergencia Social, aprobada en 2016. La alimentaria viene con historia: se declaró por primera vez en enero de 2002, cuando el presidente era Eduardo Duhalde, y menos de un mes del estallido social, político y económico de fines del 2001.
Duro informe de la UCA sobre la pobreza y el hambre by AgusGulman on Scribd
UNA REALIDAD ALARMANTE
Un informe del Barómetro de la Deuda Social de la UCA reveló que en 2017 y 2018 la proporción de hogares que experimentan “inseguridad alimentaria” (problemas para acceder a alimentos en calidad y cantidad por problemas económicos) saltó de 21,7 % a 29,3 %. En 2015, la cifra era apenas superior al 20 %. En 2018, los niños, niñas y adolescentes menores de 17 años que pasaron “hambre” pasó de 9,6 % a 13 %.
Según la UCA, el “significativo incremento de la proporción de niños y adolescentes que experimentaron inseguridad alimentaria tiene lugar en un contexto adverso, caracterizado por el alza de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares”. En otro informe realizado por la Universidad a pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense y publicado a fines de agosto pasado estimó que en la provincia de Buenos Aires había un 14,5 por ciento de chicos menores de 17 años que pasaban hambre, por encima del promedio nacional, del 11,3 %.
Si bien la UCA destaca que se trata de un “fenómeno persistente” de la última década, asegura que se profundizó en los últimos años y que si bien existe ayuda alimentaria a través de comedores, bolsones y viandas, las acciones del Estado “no lograron expandir de modo suficiente su cobertura en las poblaciones más vulnerables y alcanzar plena cobertura”.
Según el Indec, en el segundo semestre de 2018 la pobreza entre chicos de 0 a 14 años trepaba al 46,8 por ciento, mientras que la indigencia era del 10,9. Los datos del primer semestre de 2019, que registró el impacto de la devaluación de abril y mayo, se conocerán el 30 de septiembre y la expectativa es que haya un nuevo repunte.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que impulsaron un refuerzo en la compra de alimentos mediante sistemas de emergencia, y que aumentarán un 48 % el valor de las raciones de comedores comunitarios y merenderos. En lo que va de 2019, la cartera que comanda Stanley ya ejecutó más de $10.000 millones en política alimentaria, de un presupuesto que asciende a $18.000 millones.
Lo llamativo es que por cada comida se prevé un gasto de apenas $33. Organizaciones sociales y dirigentes opositores plantearon que es irreal alimentar a una persona con ese dinero. En el caso de los desayunos y meriendas, la cifra es más baja, de $20,9. Como mínimo, reclaman las organizaciones, se deben destinar $50 para cada plato de comida.