Después de la aplastante derrota en el Congreso por el fallido debate de la Ley Ómnibus, Javier Milei tomó la decisión política de cortar todas las transferencias a la provincia. La represalia incluyó partidas necesarias para sostener los subsidios al transporte y culminó con un paro nacional docente, debido al incumplimiento del Gobierno nacional.
Fueron muchos los gobernadores que comenzaron a dar sus batallas en la Justicia, pero los tiempos procesales no se empatan con la asfixiante situación que viven los vecinos de cada uno de los municipios afectados.
En las últimas horas, los gobernadores de Tierra del Fuego (Gustavo Melalla), La Pampa (Sergio Zilloto), Neuquén (Rolando Figueroa), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck) respaldaron al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y firmaron un documento en el que intimaron al Gobierno nacional a cumplir con la transferencia de los fondos no enviados a la provincia.
"Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas, ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. En febrero, el Gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. En más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", denunció Torres en sus redes sociales.
Además, el gobernador, respaldado por los representantes de las provincias del sur, le puso un ultimátum al ministro de Economía, Luis Caputo: "Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".
El comunicado completo de las provincias unidas del sur
Las provincias son preexistentes y merecen respeto. Nadie puede someterlas, ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.
Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional, ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses.
Hoy, la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus.
En febrero, el ministro de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual.
No es una revancha contra el gobernador de Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo.
También de forma ilegal el Gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Sólo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron.
Por esta razón, la Justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra, sino de proteger a los usuarios de transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA.
Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos.
Repudiamos tajantemente el ataque está haciendo al gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo de Chubut.
No aceptamos patrones de estancia, ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias.
Por esta razón, avalamos la determinación de la provincia de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministerio de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen.
Si el ministro de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas.
Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas.
Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir, ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina.
Además del apoyo de los gobernadores que firmaron el documento, Torres también recibió el acompañamiento del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora: "Mi total adhesión y solidaridad desde este Norte argentino a lo expresado por los Gobernadores en el documento 'Las provincias unidas del sur'. Las provincias somos preexistentes a la Nación. ¡Sin federalismo, no hay país!".
Misiones demandó ante la Corte al Gobierno nacional por los fondos adeudados
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó una demanda ante la Corte Suprema dirigida al Gobierno de Javier Milei para exigirle al el cobro inmediato de los fondos adeudados en concepto del Fondo del Incentivo Docente y otros programas destinados a los trabajadores en las aulas.
Mediante la red social X, el mandatario provincial publicó: "En el día de la fecha se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones en el marco de las leyes 25.053 (Fonid) y 26.075 (Conectividad y Garantía Salarial nacionales)".
En este sentido, agregó además que la medida busca asegurar la continuidad de los pagos "de aquí en adelante, tal como lo contemplan las leyes citadas". Además, ratificó su postura en contra del Gobierno y resaltó que: "Argentina es un país federal, la responsabilidad de la educación es de los gobernadores (...) el Fondo de Incentivo Docente lo tienen que pagar de la propia".
Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, adelantó que reclamará también formalmente a la nación los fondos adeudados, al igual que como hizo Misiones. "Somos conscientes de las demandas sociales sobre la educación pública. En nada ayuda a dar respuesta a las mismas, empeorar los sueldos de quienes trabajan en ella", resaltó.
Sin embargo, el mandatario bonaerense usó los propios fondos provinciales para pagarle cubrir parte del sueldo de los docentes sin esperar a una resolución del Estado Nacional y aclaró: "Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre".
El conflicto lo comenzó Javier Milei cuando comentó hace un mes en diálogo con Radio la Red que hay que dejar de hacer recitales a beneficio y "pagarle a los docentes", pero sin embargo, jamás cumplió con su palabra y mucho menos abrió el debate para poder reclamar por una paritaria sin que corran riesgo las clases, que están pactadas para el dia lunes y cuyo objetivo es que se cumplan los 180 días de clase. Por su parte, durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que: "La paritaria docente nacional no es tal, no existe. Los salarios dependen de los gobernadores".
El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado mediante la Ley 25.053 en 1998, luego de un intenso y largo reclamo docente que duró más de mil días, en el que docentes instalaron la Carpa Blanca frente a la Casa Rosada para reclamar este inventivo.