14 Abril de 2016 20:11
Los jueces que integran la Sala II de la Cámara Federal coincidieron en que el empresario patagónico Lázaro Báez podría fugarse gracias al dinero y los medios con que cuenta (aviones incluidos), podría obstaculizar la acción de la Justicia y podría utilizar su poder para amedrentar o hacer cambiar de parecer algunos de los testigos e imputados en la causa de la llamada ruta del dinero K.
De esta manera, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah respaldaron lo resuelto por el juez Sebastián Casanello, quien ordenó el arresto de Báez el 5 de abril último cuando llegó al aeropuerto de San Fernando desde Río Gallegos, porque pensó que se podía fugar.
“En concreto, esta Sala considera que existe la posibilidad de que fugue en el caso de recuperar su libertad”, dijeron los camaristas esta mañana al rechazar el pedido de excarcelación de Báez, que se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Ezeiza, acusado del delito de lavado de dinero.
En la causa, Báez fue acusado de haber lavado al menos 5,1 millones de dólares (según calcularon los peritos que muestran los videos contando dinero en La Rosadita) proveniente de la evasión, mediante el uso de facturas apócrifas.
“No puede perderse de vista el monto involucrado y no recuperado aún que demuestra, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo -más particularmente el imputado-, con la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos países”, escribieron los camaristas.
Pero para los jueces, el monto de 5,1 millones de dólares que reclama Casanello es apenas una parte. “Una y otra vez se ha advertido que la encuesta comprende también a la supuesta expatriación de una suma de dinero muchas veces mayor a la que puntualmente se alude en la actual indagatoria y también al reingreso al país de otro monto, importantísimo también, a través de la venta de bonos de la deuda pública”, dijeron los camaristas.
Los tres jueces no pierden de vista que Báez consiguió crear un imperio económico en la Patagonia de la mano de Néstor Kirchner, a quien conoció cuando era un simple empleado del Banco Nación.
“Y no puede ignorarse que según se imputa en el caso esas posibilidades económicas fueron gestadas a partir de haber conformado un grupo empresarial que arribó a su importante posición patrimonial a partir de haber resultado beneficiario de la contratación de la mayor parte de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, lo que se logró en menos de quince años luego que el principal imputado dejara su trabajo en relación de dependencia como empleado del banco provincial”.
Báez tiene dinero para escapar
Para los superiores de Casanello, Báez tiene los medios suficientes para escapar de la Justicia. “En suma, en cualquiera de las hipótesis el dinero sigue en poder del grupo económico y no pudo ser recuperado por el Estado. Entonces, por la modalidad denunciada, necesariamente se debe presumir que cuenta con contactos suficientes tanto aquí como en el extranjero los que, además de ocuparse de ese capital, también podrían prestarle auxilio personal ante una eventualidad (ver copias del exhorto que tramitó bajo el n° 5.138/2014 mencionado por el Juez en su decreto de fs. 16661/8), sin olvidarse de la facilidad evidenciada para moverse con rapidez utilizando aviones de la empresa de la que forma parte”.
Los jueces también recordaron que Báez intentó varias veces llevar la causa hacia su provincia y que allá se movía con una llamativa libertad aun en edificios oficiales, quizás por su cercanía con la familia Kirchner.
“En el mismo orden de ideas -la potencial obstrucción de la investigación- no puede olvidarse que se logró documentar en los albores de la instrucción un inusitado ingreso a las cajas de seguridad del Banco Nación en Río Gallegos por parte de Lázaro Báez y su hijo (fs. 3623, entre otras), a lo que se agrega el retiro de una cantidad considerable de cajas y papeles producido inmediatamente después del inicio de esta causa de la sede de “SGI”, cuyas imágenes han sido públicas, aun cuando su investigación no haya avanzado en el expediente que corre por cuerda, y que corresponde sea profundizado”.
Y tampoco se le escapa a los camaristas la posibilidad de aprietes a testigos o el uso del dinero para comprar silencio. “Merece evaluarse que existe la posibilidad cierta de intimidación a testigos y a otros imputados así como la posibilidad de favorecerlos por el cambio en su declaración o por su silencio. Es que tanto Leonardo Fariña como Federico Elaskar han referido haberse sentido de alguna manera amedrentados o de haber recibido sugerencias en sus presentaciones en la causa”, dijeron los jueces.
