Uno de los más grandes problemas de Argentina es la falta de acceso a los créditos hipotecarios. A diferencia de lo que sucedía hace unas décadas, el llamado sueño de la casa propia es una verdadera utopía para las clases medias y bajas. Desde la finalización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, más conocido como Procrear, lanzado en 2012 por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, y finalizado en 2016 por Mauricio Macri, no hubo más chance de obtener un crédito para una vivienda.
En el medio existió la estafa de Cambiemos denominada créditos hipotecarios UVA, que era ajustable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja el índice de precios al consumidor, y que está expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), y que se disparó tras la devaluación macrista. El resultad fue que miles de personas dejaron de pagar y perdieron sus viviendas y con eso los ahorros de toda su vida.
Mientras todo eso sucede, hay un sector que, a pesar de su enorme riqueza, se ve beneficiado por los créditos que le brinda el Estado. ¿De quién se trata? Del campo. Mientras los productores agropecuarios especulan con el precio del dólar y se niegan a liqudar la soja que guardan en silobolsas a la espera de un shock del mercado, el Gobierno les da dinero que pagan cómo quieren y sin intereses. Algo que los trabajadores de a pie no pueden conseguir ni de casualidad.
Un informe del propio gobierno de Alberto Fernández dejó en claro que a los chacareros se les otorgaron $357.500 millones como crédito. Ese dinero lo consiguieron a través del Financiamiento a la Inversión Productiva. Desde su creación, al campo se le prestaron $2,49 billones a tasa real negativa. Para aquellos que siembran soja y hoy se niegan a venderá la cifra trepó al 14% del total es decir $357.500 millones.
Casi todo ese dinero le llegó a los productores agropecuarios a través de los bancos públicos y con tasas bajísimas. Hubo líneas que rondaron el 21%. Sin dudas un negocio perfecto para ellos. Hoy, aunque la mayoría se ubica en torno al 50%, si se tiene en cuenta que la inflación prevista con el Banco Central llegará al 90% a finales de este año, el campo es el gran ganador en materia económica.
El problema lo tiene el Gobierno Nacional. Esa misma línea de crédito que les otorgó a los chacareros permitió que muchos productores ralentizaran la liquidación de granos a la espera de una devaluación, luego de la corrida bancaria que el establishment se encargó de realizar durante el mes de julio y así evitaron que el Estado se hiciera de dólares.
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Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el primer semestre de 2022, el sector agroexportador realizó ventas al exterior por un 17,2% más de dólares que en el mismo período de 2021. También aumentó el volumen exportado. Pero esa suba se explica porque vendieron más maíz, girasol y trigo, en mayor volumen y más caros, al tiempo que las exportaciones de soja cayeron al nivel más bajo de, al menos, los últimos 10 años.
Con pesos “baratos”, créditos con tasas bajísimas y a la espera de una devaluación, la jugada está clarísima. Las ganancias del sector agropecuario son astronómicas, pese a las declaraciones de la Sociedad Rural Argentina y demás representantes de la Mesa de Enlace, el rol del Estado pasa al segundo plano y en casi un cómplice de la estafa.
Sin dudas, el Gobierno Nacional agrandó, una vez más, su deuda con las clases medias y bajas de Argentina. Sobre todo en lo vinculado a créditos hipotecarios. Como muestra, bastan un par de botones. En 2019, tras su asunción, Alberto Fernández había prometido la vuelta del PROCREAR. Eso se hizo realidad en agosto de 2020.
Desde entonces, el Estado acompañó a miles de familias a tener el techo propio en diversos complejos urbanísticos. En ese sentido es válido realizar una comparación, si el campo recibió $357.000 millones en 2022, ¿cuánto dinero habrá sido destinado a la construcción de viviendas? La respuesta es, al menos, indignante o preocupante.
Por ejemplo, el 8 de julio de este año, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, anunció que se ejecutarán 3.249 casas en San Miguel de Tucumán. El desarrollo se realizará en 90 hectáreas y para realizar las obras se generarán 10 mil empleos. La inversión fue de $21 mil millones.
El jueves 11 de agosto, el presidente estuvo en Chaco. Ahí firmó un convenio para la construcción de 100 viviendas del programa Reconstruir y otras 47 nuevas viviendas, 27 de las cuales se edificarán en Margarita Belén y otras 20 en Chorotis, del programa Casa Propia. En la firma del proyecto estuvieron Ferraresi, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. ¿La inversión? $296 millones.
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El viernes 12 de agosto, Ferraresi visitó la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta, donde entregó junto al gobernador, Gustavo Sáenz, y al intendente local, Fernando Almeda, viviendas construidas a través del Programa Federal Casa Propia. 40 familias del Barrio Finca del Socorro II cambiaron su vida para siempre. ¿La inversión del Estado? $178 millones.
En solo tres proyectos, tomados al azar, y realizados en diferentes provincias, el Gobierno Nacional gastó 21.474 mil millones de pesos para construir 3436 viviendas que generaron miles de puestos de trabajo y le cambiarán la realidad otros miles de ciudadanos. Mientras tanto, al campo se le otorgaron 357 mil millones de pesos. La diferencia es abismal. Tal vez es hora de que los funcionarios analicen qué es lo mejor para el país.