Nunca más es nunca más
05 Agosto de 2024 10:56
La alarma en la militancia de los organismos de derechos humanos se encendió este sábado luego de que apareciera sin vida en su casa de Córdoba Susana Beatriz Montoya, viuda del subcomisario desaparecido en 1979 Ricardo Fermín Albareda. Ella, además, era la madre de Fernando Albareda, un militante de H.I.J.O.S. y funcionario Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que había sido amenazado en diciembre.
En el lugar del hecho, pintado con lápiz labial sobre una pared, dejaron un terrible mensaje: "Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos". A la víctima la encontró su hijo Fernando en el patio de su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones. Al escenario del mensaje mafioso, que revela en los hechos la participación -activa o pasiva- de quienes estuvieron vinculados a los delitos de lesa humanidad, se le sumaron los signos de violencia contra la madre. Su cabeza tenía varios golpes y un corte que habría sido hecho por un arma blanca.
"La casa estaba desordenada, pero no sé si se trató de un robo. No miré si faltaba algo de valor. Salté el tapial de la vecina porque no me contestaba el teléfono y la encontré así. Vi que estaba muerta y llamé a la Policía", precisó a La Voz del Interior el funcionario de Derechos Humanos en Córdoba que se encarga también del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, dependiente de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).
Según se pudo saber de la Justicia cordobesa, el fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Klinger, se encuentra a la espera del informe forense para tomar decisiones. En los hechos, las amenazas escritas no necesitan ser verificadas para tomar cartas en el asunto. Los no avances en la causa son un denominador común con la causa de las amenazas que Albareda recibió en diciembre.
"Se te terminaron los amigos en la policía", "te vamos a juntar con tu papito", "vas a morir", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la puerta de entrada de su hogar. Además, colocaron seis balas calibre .22 largo como para que quede claro que no era una amenaza cualquiera. Allí también lo amedrentaban para que no vaya más "a la Escuela ni a la Jefatura" en donde realizaba talleres de formación para policías.
"Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les di bola. Pero ahora parece que han vuelto y están rompiendo todos los códigos", reconoció un shockeado Albareda. Por una de esas casualidades, en la misma cuadra de él hay custodia policial a partir de que allí vive la mujer que se negó a llevar a sus hijos a ser restituidos a su ex pareja en Alemania, que fue noticia la semana pasada.
La brutalidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad durante el plan sistemático de exterminio llevado adelante por la última dictadura cívico militar argentina, tiene ejemplos que la grafican por completo. Uno de ellos es el del subcomisario Albareda. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La banda del Departamento de Informaciones (Inteligencia) de la Policía de Córdoba que lo secuestró lo torturó hasta matarlo y su cuerpo nunca apareció.
En el centro clandestino "El Embudo", que funcionaba en las cercanías del Dique San Roque, le cortaron sus testículos, se los colocaron en la boca y luego le cosieron los labios. Así lo vieron morir desangrado quienes hoy piden memoria completa y aseguran que estas acciones fueron parte de una guerra contra organizaciones guerrilleras.
"El Estado, que nos debe cuidar, tiene gente que está feliz de traer muerte, dolor, detenciones irregulares. Esto pasó de castaño a oscuro. El Gobierno actual quiere entorpecer la historia de nuestro país, cambiarla", denunció ante C5N la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También aseguró la Argentina "está viviendo momentos muy difíciles" y advirtió que se está "volviendo a la etapa más oscura".
"Exigimos a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo: la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad", reclamaron en un comunicado conjunto de los organismos de derechos humanos. Allí también solicitaron "la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia".
La preocupación en los espacios de derechos humanos tiene sus razones. Los discursos negacionistas de los actuales funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), las visitas de sus diputados a represores como Alfredo Astiz y la reivindicación del accionar genocida de la última dictadura militar, son una especie de escalera por la cual los espacios más oscuros de la política argentina volvieron a la discusión institucional. Lamentablemente y, tal como la historia lo demuestra, no se van de ahí hasta que no corre la sangre suficiente.
