11 Julio de 2016 19:42
En un día cargado por una intensa agenda, que incluye una nueva reunión del Gabinete nacional en la Casa Rosada, la inauguración de la estación Santa Fe de la Línea H de subterráneos y el lanzamiento del Plan “Compromiso por la Educación” en el Centro Cultural Kirchner (CCK), seguramente la cabeza del presidente Mauricio Macri girará en torno a un tema central para él por estos días: las tarifas.
El presidente, pendiente de la decisión de la Corte.
Es que apenas horas después de los anuncios que realizó hoy el Gobierno a través de una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de la tarifa del gas, la Corte podría expedirse sobre el polémico fallo del juez platense que frenó las subas la semana pasada.
Peña, Garavano y Aranguren, durante la conferencia de ayer.
De un lado y del otro
El Gobierno nacional presentará hoy su apelación a la suspensión por 90 días de la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur, que dispuso la semana pasada la Cámara Federal de La Plata.
El Gobierno apelará la suspensión por 90 días de los aumentos en las tarifas de luz.
Así lo informaron ayer por la noche fuentes del Ministerio de Energía al señalar que este recurso por las tarifas eléctricas se sumará al que también presentará hoy el Gobierno ante la misma Cámara Federal sobre la declaración de nulidad al nuevo cuadro tarifario del servicio de gas.
Los nuevos cuadros tarifarios del gas están sujetos a la resolución de la Corte.
Vale recordar que la Cámara Federal de La Plata suspendió el jueves por tres meses la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur.
La medida la adoptó la Sala II, integrada por los jueces César Álvarez y Leopoldo Schiffrin, al hace lugar a una medida cautelar solicitada por los diputados del Frente para la Victoria, Walter Abarca y Evangelina Ramírez, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
El diputado Walter Abarca presentó una medida cautelar.
Desde el Ministerio de Energía se explicó que la sola presentación de los recursos de apelación deja sin efecto la suspensión de los nuevos cuadros tarifarios dispuestos por la Justicia, y confía que la resolución del tema quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.
De la misma manera, el Gobierno entiende que al darse a conocer hoy la nueva resolución con las modificaciones de los topes tarifarios para los incrementos de gas, también quedarán abstractos todas las medidas cautelares aceptadas por la justicia en distintas provincias.
SI bien el Gobierno entiende que no hay razones jurídicas suficientes para que la Cámara Fedeal no acepte los recursos apelatorios, en caso de denegar las presentaciones el camino judicial terminará en la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
En ese caso, las fuentes aseguraron que “los miembros de la Corte están muy predispuestos a aceptar los argumentos del Gobierno, más aún con los nuevos topes anunciados ayer, que acotan los incrementos hasta el 31 de diciembre” en un 400 por ciento para los residenciales respecto a la factura del mismo periodo 2015 y del 500 por ciento para los comerciales.
Los miembros de la Corte estarían dispuestos a aceptar los argumentos del Gobierno.
En tanto, el bloque de diputados por el Frente para la Victoria (FpV) pidió ayer una sesión especial para dejar sin efecto la suba de los servicios públicos y anunció que hoy se presentará ante la Corte Suprema de Justicia como "amicus curiae" con el fin de frenar los tarifazos.
Héctor Recalde anticipó que el FPV buscará consensuar con sectores de la oposición.
En una conferencia de prensa en el tercer piso del Palacio Legislativo, la bancada que preside Héctor Recalde anticipó que buscará “consensuar” con los distintos sectores de la oposición el pedido de sesión especial.
Vale recordar que el Frente para la Victoria ya intentó sin éxito el tratamiento sobre tablas de un proyecto que promueve la suspensión por el término de 180 días de las subas en las tarifas de los servicios públicos.
La iniciativa, que fue planteada en la sesión del pasado 30 de junio, contó con el apoyo de 114 diputados y el rechazo de 81 legisladores, por lo que no reunió los dos tercios (170 votos) que exige el reglamento para los proyectos que no tienen dictamen de comisión.
