por Gonzalo Prado
26 Abril de 2018 08:26
El presidente Mauricio Macri ya le dejó claro a su entorno que se encuentra más que convencido de que no hay que dar el brazo a torcer con el aumento de las tarifas de luz, gas y agua. La rebaja de subsidios en $76.000 millones en el 2017 y la expectativa de más de $80.000 millones para este año, datos que le suministró en los últimos días el ministro de Energía, Juan José Aranguren, son las cifras que puertas adentro repite el mandatario.
Con el objetivo de tarifas planas en 2019, es decir que para ese año se eliminen completamente los subsidios energéticos, el primer paso del plan de Macri involucró el frenó en el Congreso del intento de la oposición de sancionar proyectos para la regulación de las tarifas. “El número nunca lo tuvieron para que se apruebe, pero había que dilatar lo más posible la discusión”, sostienen en el oficialismo.
Macri junto al mandatario santafecino.
En el medio de una sesión y la otra llegaron los anuncios de reducción impositiva. Salvo los dos más fieles, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todos los demás gobernadores provinciales, en menor o mayor medida, terminaron por patear la pelota hacia la Casa Rosada. El pedido fue casi unánime: que se baje el IVA que representa el 21% en cada una de las facturas.
En su búsqueda por mantener el control de la agenda Macri aprovechó su visita a Santa Fe para volver sobre su eje. "Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale", dijo el jefe de Estado bajo la mirada del gobernador de dicha provincia, Miguel Lifschitz, que fue uno de los primeros en salir a remarcar que la medida a tomar debería ser la baja del IVA.
En la Casa Rosada se encuentran tranquilos en cuanto al poder de fuego real que puede llegar a tener la oposición. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar, para que cualquier cuestión tributaria sea aprobada en el Congreso, se necesitan tanto en Diputados como en Senadores dos tercios del total presente. Algo que, salvo Cambiemos, ningún bloque podría llegar a conseguir. No obstante, Macri le hizo saber a los diputados de su interbloque que vetaría cualquier ley que congele el tarifazo.
Por la Justicia el camino es diferente. En 2016, por apuro y sin escuchar a los miembros de la mesa judicial, Aranguren evitó llamar a una audiencia pública para modificar los precios de referencia en las tarifas de gas. Eso conllevó a un planteo judicial que terminó en la Corte Suprema. En un fallo adverso, el máximo tribunal del país no sólo le recordó al Gobierno que debe seguir con los pasos procesales que marca la ley, sino que además todos los aumentos de las tarifas deben ser “razonables”. Esa falta de definición en cuanto a porcentajes deja abierta la posibilidad de nuevos planteos.
La relación entre el presidente de la Corte y Macri no se encuentre en el mejor momento.
El aumento de las tarifas en el área metropolitana, que era la que más subsidiada se encontraba, es una de las políticas más impopulares que menos reacción genera en la sociedad. “El reproche no es que aumenten las tarifas, hay un consenso generalizado de que tenían que subir, sino que se haga de forma rápida. Algo que en nuestra percepción no es tan así”, remarcó uno de los principales colaboradores del presidente a la hora de explicar las manifestaciones en las calles, que distaron de ser masivas como en otras cuestiones que le fueron recriminadas al Ejecutivo (la reforma previsional, por ejemplo).
Cómo está la situación, el Gobierno está más pendiente de las novedades en la Justicia que en el Congreso o en la calle.
