La Justicia federal avanza en una causa paralela a la que investiga cómo murió Santiago Maldonado, quien fue hallado sin vida el 17 de octubre pasado, 78 días después de haber sido visto por última vez, durante un operativo violento de la Gendarmería Nacional en Pu Lof Cushamen, al norte de la provincia de Chubut. Se trata de una denuncia por encubrimiento a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Se cumplieron seis meses de la desaparición de Maldonado, ocurrida el 1° de agosto pasado cuando protestaba junto a un grupo de integrantes de la comunidad mapuche sobre la ruta 40. La denuncia fue presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E. Sampay a fines de agosto, que buscan dilucidar si existió encubrimiento en la investigación por la desaparición.
La denuncia apunta a Macri, Bullrich, Garavano y el jefe de Gendarmería, Gerardo Otero.
La denuncia apunta a la cúpula de la Gendarmería, que está a cargo de Gerardo Otero; al propio presidente Mauricio Macri, a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, así como también al jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Noceti, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
El fiscal Federico Delgado impulsó la denuncia, aunque el juez Rodolfo Canicoba Corral se excusó y consideró que el tema debía tratarse en el juzgado federal de Esquel, donde se instruye el expediente por desaparición forzada, que primero estuvo en manos de Guido Otranto y ahora está a cargo de Gustavo Lleral.
La causa pretende investigar si hubo funcionarios encubridores.
Al cabo de varias semanas sin resolución por la cuestión de competencia, la denuncia por encubrimiento recayó finalmente en el juzgado de Esquel, a fines de noviembre pasado por decisión de la Cámara federal porteña, que ordenó que el expediente se siguiera junto al resto del cuerpo de la causa.
De este modo, recayó en el juzgado de Otranto, el juez que fue recusado y apartado de la causa por pedido de la familia de Maldonado, debido a que adelantó opinión en una serie de dichos durante una entrevista publicada por el diario La Nación cuando aún el joven tatuador se encontraba desaparecido. Tras ese episodio, fue Lleral quien asumió la investigación.
Por eso, con el fallo de la Cámara queda aún abierta la discusión respecto a quién tiene que ser el juez: Otranto, Lleral u otro magistrado federal del sur de la Argentina.
La denuncia es una causa paralela a la que busca determinar cómo murió Maldonado.
Uno de los denunciantes es el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien detalló a BigBang que en las próximas semanas podría viajar a la Patagonia para conocer los detalles de la investigación en proceso y solicitar una serie de medidas de prueba. Incluso, podría solicitar que se cite a indagatoria y declaración testimonial a funcionarios y efectivos que estuvieron involucrados en el caso.
De todos modos, el objetivo central es avanzar en un examen a fondo de la pericia médico forense del cuerpo de Maldonado, hallado en el Río Chubut. Ese estudio determinó que el joven murió ahogado y que permaneció en el agua entre 53 y 73 días. Para Barcesat, es clave poder reconstruir el hecho. “Evidentemente ese cuerpo no llegó al agua por decisión propia, sino que lo hizo inducido por temor a un hecho de mayor gravedad”, señaló el abogado experto en cuestiones de derechos humanos. Si eso se comprobara, la carátula de la causa por desaparición forzada, podría convertirse en “desaparición forzada seguida de muerte”.
La denuncia busca investigar si hubo ocultamiento de pruebas por parte de Gendarmería.
Tiempo atrás en el Gobierno minimizaban la denuncia, aunque monitoreaban el devenir y la demora en definir la cuestión de las competencias. Pero más allá de todo, la adjudicaban a cierto “lobby” del kirchnerismo en los organismos de derechos humanos; y señalaban que desde el Ministerio de Justicia se habían puesto a disposición de la familia Maldonado desde el primer momento.
En la demanda se señala la existencia de contradicciones entre los gendarmes que participaron del operativo el 1° de agosto respecto al accionar, el rol y los lugares hasta los que llegaron durante el desalojo de la ruta 40. Ese material fue incorporado a la denuncia, junto con otro elemento que podría ser clave, vinculado a la negativa a recibir la colaboración del grupo de expertos de la ONU, tras un encuentro con el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra.
“El ocultamiento de datos contribuye a la figura de encubrimiento, si se dictan reglamentos y protocolos para las fuerzas de seguridad, que implican riesgo para la vida y luego, frente a un hecho que provoca la muerte en un lugar donde solamente estaban las víctimas y las fuerzas de seguridad, son partícipes”, destacó Barcesat.