por Agustin Gulman
26 Octubre de 2017 18:48
Por un andarivel distinto al que investiga las causas que produjeron la muerte de Santiago Maldonado, la Justicia federal debe definir una cuestión básica de competencia para resolver quién investigará si existió encubrimiento por parte de funcionarios clave del Ejecutivo nacional. Esperan que la Sala I de la Cámara Federal resuelva dónde se debe investigar para que pueda avanzar el expediente. En el Gobierno creen que no existe ningún elemento para pensar que existió el encubrimiento.
La denuncia fue impulsada a principios de septiembre por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el Instituto Arturo E. Sampay. Apunta contra el presidente Mauricio Macri, los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, así como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero.
La denuncia apunta a Macri, Bullrich, Garavano, Avruj y el jefe de Gendarmería, Otero.
CUESTIÓN DE COMPETENCIA
La causa fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado y recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien se excusó y consideró que debía ser tratada en Esquel, donde se instruían las querellas por el hábeas corpus de desaparición forzada y el expediente por averiguación de paradero de NN, que en primer lugar estuvieron en manos de Guido Otranto y luego quedaron en manos del juez Gustavo Lleral.
Delgado apeló la decisión al considerar que se investiga “lo que hicieron y dejaron de hacer” las autoridades. “Resulta evidente que tanto la averiguación de la verdad como el ejercicio del derecho de defensa, inclina la balanza hacia la Justicia federal de esta ciudad, sede de las mismas”, escribió el fiscal.
El fiscal Federico Delgado impulsó el expediente.
El fiscal de Cámara, Germán Moldes, le dio la razón, pero ahora debe definir la Sala I, a cargo de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. Fuentes con acceso al expediente señalaron a BigBang que eso podría ocurrir en los próximos días. Desde el 10 de octubre se encuentra a la espera de una resolución.
LA DENUNCIA
Los denunciantes consideran que la figura del encubrimiento entró en juego desde el minuto uno de a desaparición de Santiago Maldonado, a partir de las versiones, afirmaciones, acciones y testimonios de funcionarios del Poder Ejecutivo respecto al sensible caso. “Hubo una negativa cerrada a admitir la intervención de la Gendarmería”, aseguró a BigBang el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que formuló la demanda.
En el Gobierno minimizan la denuncia. El ministro Garavano monitorea la denuncia, considera que no existen elementos para una acusación de esas características. Desde la cartera de Justicia aseguran que se pusieron a disposición de la familia Maldonado. En el Ejecutivo creen que es política y la vinculan al “lobby” del kirchnerismo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Santiago Maldonado fue hallado la semana pasada en el río Chubut.
El expediente busca dilucidar si existió responsabilidad de los funcionarios del Ejecutivo y de la Gendarmería Nacional en el encubrimiento, desde que fue visto con vida por última vez el joven tatuador de 28 años en la Pu Lof Cushamen, el 1 de agosto, durante la protesta mapuche que fue reprimida por la fuerza de seguridad.
Para Barcesat, las declaraciones de Bullrich respecto al caso y en defensa de la Gendarmería, tanto en medios de comunicación como en el Congreso, así como las versiones que circularon desde el Gobierno fueron fundamentales para impulsar la demanda. No es un dato para nada menor, teniendo en cuenta las contradicciones de un grupo de efectivos de la fuerza que participó del operativo en la Pu Lof, que podrían apuntar a un presunto ocultamiento de pruebas. Barcesat cree que si eso queda probado se fortalecerá la denuncia por encubrimiento.
El abogado dijo que ese material fue incorporado a la causa. Otro de los hechos clave para el constitucionalista fue la negativa del Gobierno a recibir la colaboración del grupo de expertos, tras un encuentro con Amerigo Incalcaterra, el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La familia apuntó la semana pasada a la Gendarmería.
Mediante un comunicado, en septiembre el Gobierno había expresado que la investigación que por aquel entonces tenía en sus manos Otranto se estaba “encauzando”. Apenas semanas después, el magistrado era desplazado y reemplazado por Lleral.
