El 7 de diciembre de 2017 fue el día más oscuro para el kirchnerismo desde que salió del poder. En plena madrugada y en la provincia de Santa Cruz, el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, fue esposado y detenido. "Es por tema AMIA", llegó a decir a un medio que se encontraba presente. Seis horas más tarde y a 2.500 kilómetros de distancia, los efectivos policiales ingresaron en la vivienda del ex líder piquetero, Luis D'Elía.
"Libertad a todos los presos políticos", gritó D'Elía cuando lo detuvieron.
En el transcurso de la mañana de ese día seconoció que el juez federal Claudio Bonadio había ordenado la detención del ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el supuesto nexo con Irán, "Yussuf" Khalil. Al ex canciller Héctor Timerman le corrió una suerte apenas mejor: también quedó detenido, aunque en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
Sin embargo, el impacto mayor de aquella jornada fue el pedido del magistrado para desaforar y detener a Cristina Fernández de Kirchner. Todo fue en el marco de la causa que investiga a los ex funcionarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo por encubrimiento y traición a la Patria en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en 2013, que buscaba esclarecer el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas.
Ese fue el ante último round del año en la batalla judicial que tienen decenas de ex funcionarios de la administración K. Se trata de la denuncia que presentó 48 horas antes de ser hallado sin vida el fiscal Alberto Nisman. Así, los emblemas K quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. En el caso de Cristina, sólo un salvataje del Senado - debido a la protección que le ofrecen los fueros - le permitirá evitar la prisión.
Sin embargo, aquel grupo que cayó tras las rejas el 7 de diciembre pasado no fue el último en quedar detenido. Al filo de que cierre el 2017, otros dos hombres que supieron tejer una cercana relación con el kirchnerismo también terminaron en la cárcel: los empresarios K Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, que tiene una deuda con la AFIP que asciende a más de 8.000 millones por evasión del impuesto a los combustibles en la empresa OIL.
De Sousa y Cristóbal López quedaron detenidos por orden del juez federal Julián Ercolini.
El 20 de diciembre el juez federal Julián Ercolini ordenó la detención y el procesamiento de ambos. Además, el magistrado procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Ercolini cree que López y De Sousa violaron deliberadamente las medidas cautelares sobre sus bienes. A pesar de la inhibición general, intentaron vender el Grupo Indalo, por lo que la Justicia entiende que hubo un intento por obstruir la investigación.
Otro de los caídos antes de fin de año fue Carlos Santiago Kirchner, el primo del ex presidente Néstor Kirchner, involucrado en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Se trata de otro expediente en manos de Ercolini, quien a fines del año pasado había procesado y ordenado un embargo millonario contra Cristina Fernández de Kirchner.
Carlos Santiago Kirchner quedó detenido el viernes pasado.
Carlos Santiago Kirchner se entregó en Comodoro Py el viernes pasado, luego de que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaran su detención, ya que consideraron que existía riesgo de fuga y maniobras para ocultar su patrimonio, en el marco de la causa en la que fue procesado por defraudación en la obra pública.
OTROS CAÍDOS
El 31 de diciembre será el último día de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación, que firmó su renuncia anticipada a fines de octubre, envuelta en una batalla con el Gobierno nacional, con quien intercambiaba dardos cruzados desde hacía tiempo. Así, el oficialismo evitó avanzar en su destitución, en el marco de una serie de reformas que impulsa en el Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, la salida de Gils Carbó no fue la única “caída” que pudo celebrar la administración macrista durante el 2017. La de la procuradora fue elegante. Tras las presiones, la jefa de los fiscales anunció su renuncia, en el marco de una pésima relación durante los dos años de Cambiemos en la Casa Rosada.
Acorralada por la Justicia y presionada por el Gobierno, Gils Carbó presentó su renuncia.
El 2016 quedó marcado por tres hechos que resultaron emblemáticos en el entramado de investigaciones por corrupción en la política. En su primer año, el Gobierno de Mauricio Macri asistió a las detenciones del empresario de la obra pública por excelencia en los años K, Lázaro Báez; fue testigo de la caída del ex secretario de Obras Públicas, José López, detenido mientras intentaba ocultar bolsos con 9 millones de dólares; y observó de cerca todas y cada una de las indagatorias a las que fue sometida Cristina Kirchner.
Sin embargo, el 2017 tuvo un condimento especial en términos judiciales. Cayeron los emblemas. Ex funcionarios que, además de concentrar poder, tenían peso propio. Amado Boudou fue de los más llamativos, no sólo por tratarse de un ex vicepresidente, sino también por el impacto que provocó la imagen de su detención en el departamento que habitaba en una torre de Puerto Madero: en pijama, descalzo y despeinado.
La mañana del 3 de noviembre Boudou quedó detenido por orden del juez federal Ariel Lijo, que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lo acusó de liderar una asociación ilícita para lavar dinero. Desde entonces, pasa sus días en el penal de Ezeiza. Para la Justicia, Boudou aún conservaba vínculos con el poder político que podrían poner en riesgo la investigación.
Amado Boudou quedó detenido en noviembre pasado.
Todos los intentos de Boudou por ser liberado fueron en vano. La Justicia le rechazó los sucesivos pedidos de excarcelación presentados por su defensa. Mientras tanto, avanza el juicio oral al que es sometido desde octubre, por el caso Ciccone, donde la Justicia lo imputó por negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que prevé penas de entre uno y seis años, así como también por cohecho.
EL ARQUITECTO DE LA CORRUPCIÓN
Pero si de victorias se trata, la que logró el Gobierno con el caso de Julio Miguel De Vido es la más emblemática de este año. Tras el pedido de desafuero y detención que ordenó el juez Luis Rodríguez, Cambiemos y la mayoría de la oposición votaron contra el diputado y ex ministro de Planificación, que apenas unos minutos después se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó detenido apenas tres días después de las elecciones legislativas.
De Vido había logrado zafar del desafuero unos meses antes, cuando en julio pasado no le alcanzaron los votos al oficialismo para lograr la quita de la inmunidad parlamentaria de la que gozó desde que asumió como diputado en 2015, tras 12 años como superministro a cargo de jugosas partidas presupuestarias de la administración pública.
De Vido es otro de los ex funcionarios K que fueron detenidos en 2017.
De Vido quedó detenido por dos causas: el desvío de fondos millonarios en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, a cargo del juez Rodríguez. Pero el magistrado Claudio Bonadio también había solicitado su detención, en un expediente por supuestas irregularidades en la compra de barcos cargados con Gas Natural Licuado.
El poderoso ex ministro visitó varias veces los tribunales federales de Retiro. Es que además de las indagatorias sucesivas por diversas causas en las que es investigado, en septiembre pasado comenzó el segundo juicio por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos, donde busca dilucidar si hubo desmanejo de fondos públicos. Allí está imputado por administración fraudulenta y descarrilamiento culposo.
Pasa sus días en el penal de Marcos Paz, donde recibe una dieta balanceada que incluye varias bananas al día con el objetivo de controlar su diabetes. No comparte celda y tiene una actividad recurrente: escribir cartas. Le dedicó algunas a Cristina Kirchner, que no lo defendió durante la campaña, otra al presidente del PJ, José Luis Gioja, y una tercera a Carlos Zannini, entre otras. Recibe visitas cotidianas de su esposa, Alessandra Minnicelli, y de sus hijos. Al igual que Boudou, la Justicia también le negó varios pedidos de excarcelación.
Julio Miguel De Vido, en la sala AMIA de Comodoro Py. Detrás, los familiares de las víctimas.
Sus últimas palabras en público antes de quedar a disposición de la Justicia se las dedicó, justamente, a la “arquitecta” de su detención, la diputada oficialista Elisa Carrió, quien lo denunció en varias ocasiones: “Mándenle champán a Carrió”.
COMBO DE DETENCIONES
La seguidilla de prisiones preventivas fue una constante a lo largo del 2017. Varios ex funcionarios y sindicalistas quedaron tras las rejas sin condenas previas. Roberto Baratta, el ex segundo de De Vido en el Ministerio también quedó tras las rejas. Al frente de la Subsecretaría de Control y Gestión, la mano derecha del ex ministro fue detenido por irregularidades en materia de energía, en el marco del Programa de Energía Total.
Roberto Baratta también fue detenido este año.
La Justicia investiga irregularidades en la adquisición de gas licuado. Bonadio ordenó su detención y lo acusa, junto a De Vido, de instrumentar un sistema de sobreprecios que defraudó al Estado por casi 7.000.000.000 de dólares, a partir de un peritaje que fue objetado por las partes.
Otro que cayó en desgracia fue el ex jefe del Ejército, César Milani, en febrero pasado, en un complejo expediente por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como responsable de los secuestro de Pedro Olivera, su hijo Ramón y Verónica Matta. Primero estuvo en La Rioja, aunque desde fines de marzo se encuentra en el penal de Ezeiza. Además, se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito, en una causa que tiene el juez Daniel Rafecas.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani quedó detenido en febrero pasado.
Otro de los detenidos que celebró el Gobierno durante el 2017 fue Juan Pablo “Pata” Medina, el jefe de la seccional La Plata de la UOCRA. También fue de las más escandalosas: antes de ser apresado en su casa, organizó un acto y se atrincheró en la sede del sindicato. Acusado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión al Estado, el “Pata” había apoyado la candidatura de Daniel Scioli a presidente. Junto a él cayó casi toda su familia.
Así fueron los últimos instantes en libertad del "Pata" Medina.
Por último, Víctor Manzanares es otro de los hombres cercanos a Cristina Kirchner que quedó detenido este año. Se trata del contador de la familia K, que se encuentra en el penal de Marcos Paz, acusado de entorpecer el accionar de la Justicia en la causa Los Sauces, que investiga si la familia de la ex presidenta lavó dinero y cobró coimas a través de lujosos hoteles. La Justicia cree que el contador hizo maniobras para que Florencia, Máximo y Cristina pudieran cobrar el dinero vinculado a esos alquileres, a pesar de tener las cuentas inhabilitadas.