Manuel Adorni vs. la Justicia: punto por punto, los argumentos de la jueza Andrade que dejan en offside al Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a encender la polémica con sus declaraciones incendiarias contra la jueza Karina Giselle Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos en la protesta de los jubilados en el Congreso. En un intento de instalar el discurso oficial del Gobierno, Adorni calificó la decisión judicial como un acto de impunidad y vinculó la liberación de los manifestantes con la inseguridad en el país. Sin embargo, los fundamentos del fallo de Andrade desmontan punto por punto los señalamientos del funcionario y exponen un preocupante desconocimiento -o intencionada distorsión- de los principios básicos del derecho penal y el debido proceso.

Desde su cuenta personal en la red social X, el vocero del Presidente Javier Milei aseguró que la jueza "dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad". En la misma línea, repitió el clásico latiguillo de la "justicia de la puerta giratoria" y responsabilizó a la magistrada por la "inseguridad en la Argentina".  "La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad", fueron sus precisas palabras.

Y agregó: "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".  El problema con esta afirmación no es solo su carácter impreciso y grandilocuente, sino su falsedad manifiesta. La jueza Andrade no absolvió a los detenidos ni impidió que la investigación continúe, sino que resolvió su liberación ante la falta de información precisa sobre los motivos de su detención y la ausencia de elementos que justificaran la aplicación del procedimiento de flagrancia. Para Adorni, la idea es detener por detener, sin pruebas concretas presentadas y por una simple orden.

A diferencia del discurso oficialista, el fallo de la jueza Andrade se apoya en fundamentos claros y verificables. La magistrada advirtió que las detenciones se realizaron sin cumplir con requisitos básicos de legalidad, lo que impidió efectuar un control judicial adecuado. En su resolución, detalló que la información proporcionada por la fiscalía era "absolutamente deficitaria", ya que no especificaba el lugar, el horario ni los motivos exactos de la detención de la mayoría de los acusados.

En un tramo clave del fallo, Andrade sostuvo:

"Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención."

Además, subrayó que ninguno de los detenidos estaba imputado por delitos graves como "portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos", lo que desmonta la afirmación de Adorni sobre su supuesta peligrosidad extrema. Más grave aún, la jueza detectó que en varios casos los detenidos fueron registrados con descripciones vagas y genéricas, como "Hombre de 25 años de edad que no aporta datos", lo que impedía garantizar el derecho a la defensa.

En este contexto, Andrade concluyó que la falta de información precisa vulneraba principios constitucionales básicos:

"La exigencia de comunicación inmediata se anuda directamente con la garantía de libertad personal como parte inviolable de la dignidad de las personas [...] No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria."

La ofensiva de Adorni contra la jueza Andrade es un nuevo episodio de la estrategia oficialista de desacreditar al Poder Judicial cuando sus fallos no se alinean con su discurso punitivista. Sin embargo, lo más preocupante no es el ataque en sí, sino la peligrosa naturalización de la desinformación como herramienta política. Al ignorar los fundamentos del fallo y reducir todo a consignas vacías sobre la "puerta giratoria", Adorni no solo distorsiona la realidad, sino que contribuye a erosionar la confianza en la Justicia y a justificar el uso discrecional de la fuerza estatal. Su mensaje no busca debatir sobre seguridad ni mejorar el sistema judicial.

De hecho, hace todo lo contrario: busca instalar la idea de que la ley solo vale cuando favorece los intereses del Gobierno. En una democracia, las decisiones judiciales pueden ser criticadas, pero la crítica debe basarse en argumentos sólidos y no en discursos simplistas que buscan dividir a la sociedad entre "buenos" y "malos". En este caso, el fallo de Andrade no solo se ajustó a derecho, sino que evidenció las graves irregularidades en los procedimientos policiales. En lugar de señalar con el dedo a la jueza, tal vez el Gobierno debería preguntarse por qué su aparato represivo es incapaz de sostener detenciones sin vulnerar garantías constitucionales. Pero claro, para hacer esa autocrítica, primero habría que abandonar la propaganda. Y eso, en la Argentina de Adorni, parece ser mucho pedir.