Marcha atrás: no pagarán por encima de los precios máximos en la polémica compra de alimentos

El Gobierno tiene decido comenzar a regular más fuertemente las compulsas de precios luego del escándalo que se desató hoy con la publicación en el Boletín Oficial de una compra por más de $700 millones en alimentos cuyos precios era un 30% más caros que los de mercado que realizó el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.

No se cancelará la compra, pero sí se dará una marcha atrás con el precio final que se pagará cuando sea el momento.

El presidente Alberto Fernández dio a conocer la novedad esta noche durante una entrevista en TN. "Esta compra ya se ha hecho, pero no se pagó todavía. Aquellas licitaciones en proceso de pago van a ser revisadas", afirmó,

Esto no quiere decir que se cancelará la compra, sino que se dará una marcha atrás con el precio en cuestión y se establecerán montos máximos que no serán mayores a los que se ven en el mercado. Esto último le fue pedido al titular de la mencionada cartera por el propio presidente, Alberto Fernández, que le manifestó todo su apoyo.

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La idea detrás de la resolución es que no se pueda pagar por encima de los precios del mercado, pero que también se contemple parte de las cuestiones operativas que tiene de por sí un proveedor del Estado.

¿A qué se refiere esto último? Normalmente el Gobierno nacional, los provinciales y los municipales demoran entre 60 y 180 días ( puede ser más incluso) por lo que los proveedores suelen subir los precios teniendo en cuenta inflación y otros tipos de demoras típicas.

Incluso el enojo con Arroyo, según pudo saber este medio, no pasó por el mecanismo de la compra, que siguió con todos los canales que marca la ley, sino con su falta de iniciativa debido a que consideran que debería haberse anticipado a la situación y contar, antes de que salga publicada la compra, cómo fue la situación.

Eso mismo fue uno de los reclamos que le realizó la oposición, principalmente los dirigentes de Juntos por el Cambio, que presentaron un pedido de informe en donde buscan conocer todos los detalles administrativos como por ejemplo el análisis que realizó la SIGEN para establecer los precios sugeridos que aparecen en la compra y que era menor al pagado por Desarrollo Social.

Uno de los escenarios que comenzaron a analizarse durante todo el día en la Casa Rosada era cómo podían hacer para “tirar todo el peso del Estado” para evitar “avivadas”.

Uno de los funcionarios con acceso al jefe de Estado incluso le recordó el caso de la compra de insumos médicos por parte del ex presidente Mauricio Macri durante su primer mandato como jefe de Gobierno.

Allí luego de la centralización, y al tratarse de un insumo que no se podía dejar de adquirir ni demorar en el plazo, se llevó adelante una auditoría sobre el precio que le querían cobrar los proveedores una vez que se tuviera el insumo en cuestión.

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“Primero nos dieron el material y después nos metimos de lleno a que nos expliquen cómo podían querer cobrarnos un precio dos veces más de lo que valían. Como no pudieron tuvieron que hacer una quita considerable del precio final”, recordó uno de los ex funcionarios porteños que se encargaron de ese proceso.