La decisión del Gobierno de compensar a las empresas del sector gasífero -productoras y distribuidoras- con un aumento extraordinario como consecuencia de la extraordinaria devaluación generó un nuevo conflicto político y en paralelo una denuncia judicial contra el secretario de Energía, Javiel Iguacel.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció hoy a Iguacel por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público como responsable de los aumentos en el gas, pero eventualmente se deberá determinar si hay otros responsables por la medida.
En la presentación el fiscal pidió además que se dicte una medida cautelar para que los incrementos queden sin efecto. Tras la presentación de la denuncia se realizó el sorteo de práctica y la causa recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría, quien deberá tomar las primeras medidas si considera que hay un delito, como sostiene el fiscal Marijuan.
La denuncia presentada por Marijuan contra Iguacel.
"Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores", argumentó el fiscal en el texto de su denuncia.
Hoy se conoció el texto de la resolución de la Secretaría de Energía que autoriza incrementos de hasta un 50 por ciento por los consumos de gas que ya se concretaron,para compensar a las empresas por la diferencia en los precios como consecuencia de la devaluación del peso durante este año, que superó el 100 por ciento.El Gobierno dolarizó los valores del gas. Mediante esta resolución se autoriza a prorratear los aumentos en hasta 24 cuotas.
Marijuán sostuvo que “a partir de la vigencia y aplicación de la norma contraria a la ley se estaría provocando un perjuicio económico a los usuarios, con el objeto de compensar a las empresas prestatarias”, por lo que considera que “es necesario que de forma inmediata se suspenda la aplicación y efectos de la resolución dictada”.
Otro pedido de amparo
La de Marijuan no fue la única presentación en la Justicia. El Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó también este lunes ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra lo que denominó un “tarifazo de gas extra, en 24 cuotas y con interés, impuesto por el Gobierno Nacional al conjunto de las y los usuarios de ese servicio público”.
La presentación de Cepis subraya que el aumento del precio del gas se produce por la decisión del Gobierno de devaluar el peso y que, por lo tanto, las consecuencias de esa decisión no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio.
“La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado”, indica la denuncia. Asimismo, Cepis observa que este aumento extra, en cuotas y con tasas de interés de la tarifa del gas “no cumple con el procedimiento de audiencia pública”.