El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy el envío a juicio oral del detenido empresario Lázaro Báez, a sus cuatro hijos y otros 20 acusados de participar de maniobras de lavado de dinero por 60 millones de dólares, en la causa conocida como la "ruta del dinero K".
El requerimiento del fiscal alcanza, entre otros, al financista Federico Elaskar y al valijero Leonardo Fariña, también acusados de ser parte de las maniobras de lavado a través de las empresas del grupo Austral Construcciones, de Báez.
Para la Justicia, el dinero blanqueado habría llegado a manos de Báez a través de la utilización de facturas truchas para rendir cuenta de los gastos realizados en el marco de las millonarias adjudicaciones de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Marijuan pidió el cierre de una parte de la causa.
Marijuan presentó al juez federal Sebastián Casanello un requerimiento parcial de elevación a juicio debido a que todavía están bajo investigación otras maniobras de lavado, y aún debe definirse la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner en este expediente.
La Cámara Federal porteña había ordenado al magistrado decidir si cita o no a la ex mandataria a declaración indagatoria en la llamada causa de la "ruta del dinero K", algo que había requerido Marijuan.
Casanello deberá definir ahora si envía la causa a sorteo de un tribunal oral, algo que haría antes de fin de año, según fuentes judiciales. A lo largo de 522 carillas, la fiscalía consideró probado el lavado de activos provenientes de dinero de la obra pública a través de una ingeniería montada por los Báez y los demás acusados, que en total suman 25 personas.
Báez está preso desde el 5 de abril de 2016.
"Se ha corroborado que desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza", sostuvo el fiscal en su dictamen.
El representante del ministerio público aseguró que "muchas de las personas" que auxiliaban a Báez en las maniobras de lavado "realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar el dinero espurio".
"En la mayoría de los casos, las personas involucradas carecían de una actividad comercial y capacidad económica que les permitiera justificar el incremento de su patrimonio a partir de las operaciones financieras y adquisiciones de bienes reprochadas", sostuvo el fiscal.
El fiscal pidió que también Elaskar vaya a juicio.
El fiscal pidió enviar a juicio al detenido Báez y a los también presos Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, su abogado y contador respectivamente, y a los cuatro hijos del empresario Martín, Leandro, Melina y Luciana, a los financistas Fariña y Elaskar, este último ex dueño de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", entre otros.
También pidió enviar a juicio a Fabián Rossi, el ex marido de la actriz Ileana Calabró, y a Walter Zanzot, cotitular junto a Báez de la empresa de aviación Top Air SA, cuyos aviones transportaban el dinero en efectivo desde Santa Cruz hacia la ciudad de Buenos Aires para ser llevado a la financiera de Puerto Madero, según la acusación.
Marijuan pidió enjuiciar a todos por maniobras de lavado para blanquear unos 60 millones de dólares a través de un entramado de sociedades offshore y cuentas en el exterior que permitieron por ejemplo el reingreso al país desde el exterior de 33 millones de dólares a través de Austral Construcciones .
Fariña también será juzgado.
Entre las maniobras a juzgarse estará aquella que quedó registrada en una filmación de "La Rosadita" y que mostró a Martín Báez, Rossi, Zanzot y otros acusados contando cinco millones de dólares en efectivo.
También se acusó a los Báez por otros 22 millones en cuentas suizas que, según la acusación, tendrían como últimos beneficiarios a los hijos del empresario.
El empresario que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública está detenido desde el 5 de abril de 2016, por orden del juez Casanello quien consideró que existía peligro de fuga por parte del empresario.
Casanello ordenó la captura del empresario luego de que Báez despegara en la Patagonia con su jet privado sin informar al juzgado el destino de su viaje: cuando aterrizó en el aeropuerto de San Fernando la Policía Federal lo estaba esperando.