por Agustin Gulman
09 Junio de 2020 12:46
A casi tres meses de la cuarentena, y con el cuestionamiento de sectores que piden levantar el aislamiento y poner en marcha la economía, el Gobierno hace fuerza desde hace días para instalar cuál será la agenda de la post-pandemia. De la reactivación al impulso de la obra pública, el debate por Vicentin y los engranajes del aparato de inteligencia, con denuncias que podrían comprometer a ex funcionarios del macrismo. Escuchá el podcast de BigBang.
Alberto Fernández comenzó a relajar su cuarentena a mediados de mayo, cuando comenzó a salir de la Quinta de Olivos con más frecuencia y decidió planificar viajes al interior del país para realizar visitas a provincias a las que, por razones obvias, no había podido asistir desde su asunción en diciembre. Un plan por partida doble: por un lado, aceitar la relación con gobernadores cercanos al Frente de Todos y otros críticos; y por el otro lado empezar a mostrar obras y reactivación.
Con los números en rojo y en medio de la negociación de la deuda, hasta marzo prácticamente no habían existido anuncios de grandes obras públicas. La mayor inversión, hasta ahora, la demandaron los hospitales de emergencia para atender a pacientes con coronavirus, preparados para una alta demanda que por suerte por ahora no llegó.
Con las metas de déficit fiscal tachadas en todas las economías del mundo, la inyección de dinero fue tal que, según un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas al que tuvo acceso BigBang, el 89 por ciento de los argentinos recibe algún tipo de asistencia del Estado, ya sea a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (que comenzará a cobrarse este jueves 11 de junio), hasta el Ingreso Familiar de Emergencia ($10.000 que se pagaron hasta ahora dos veces y que el Gobierno estudia continuar abonando post-pandemia); y las asignaciones familiares y jubilaciones.
“Es un virus para el que aún no tenemos defensas físicas ni económicas”, describió Kulfas en su informe técnico. La expectativa del despegue en el Gobierno no es menor: hasta ahora el mayor impacto de la crisis se registró en marzo y abril, donde la actividad económica se derrumbó a pisos históricos, de entre el 15 y el 19 por ciento interanual. En las primeras dos semanas de la cuarentena, explicó una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 43,1 por ciento de los asalariados formales estuvo potencialmente habilitado para circular a su trabajo. A fines de mayo, esa cifra era del 66,4 por ciento. En el área metropolitana - motor de la economía - esa cifra era del 52 por ciento.
EXPRÓPIESE Y CRITÍQUESE
El otro gran tema con el que el Gobierno gambetea la agenda COVID-19 es la intervención y expropiación de Vicentin, la agroexportadora santafesina - una de las más importantes del país - que tiene una deuda millonaria con el Banco Nación, de 350 millones de dólares, que derivó en una causa judicial donde está imputado Javier González Fraga, expresidente de ese banco durante el gobierno de Mauricio Macri.Leé más | Alberto Fernández anunció la expropiación de la agroexportadora Vicentín
Alberto planteó el tema como una cuestión de “soberanía alimentaria”, y la oposición escuchó la palabra “expropiación” y aunque los vuelos están prohibidos viajó a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y recordaron experiencias de expropiaciones que hicieron ruido, como la calcográfica Ciccone y los juicios por la nacionalización de la petrolera estatal YPF, o Aerolíneas Argentinas. Un dato clave: a diferencia de Aerolíneas, Vicentin no requiere inyección de subsidios; y a diferencia de YPF, la agroexportadora no está atada a los vaivenes del petróleo. “No expropiamos una empresa próspera, sino una empresa en quiebra”, dijo el presidente.
ESPIONAJE
El otro gran tema que corre a un lado al coronavirus es el escándalo de espionaje e inteligencia ilegal que salió a la luz en las últimas dos semanas, a partir de denuncias de la interventora y futura directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que denunció primero el espionaje a más de 80 políticos, periodistas y empresarios; y este fin de semana, en las vísperas del Día del Periodista, presentó una denuncia por espionaje ilegal a 403 periodistas y miembros de ONG's, en base a tres sobres hallados en una caja fuerte de una oficina de la AFI con datos sobre la cumbre del G20 y la OMC, realizadas en 2018 y 2017.Por esas dos denuncias la AFI ya solicitó la indagatoria de importantes ex funcionarios del gobierno anterior, entre ellos el expresidente Macri, así como sus jefes de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La papa caliente, sin embargo, se cocina en el juzgado de Federico Villena en Lomas de Zamora, que sacó a la luz una causa por espionaje a políticos de todos los colores desde 2017 en adelante, a partir del testimonio de un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez, que reveló que un abogado de la AFI, Facundo Melo, lo reclutó para realizar espionaje ilegal y hasta un atentado a un exfuncionario del Ministerio de Defensa del macrismo, José Luis Vila. En esa causa aparecen como presuntas víctimas Cristina Kirchner, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Eduardo Duhalde, curas y sindicalistas como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, entre muchos otros.
Ayer Cristina se presentó ante Villena en Lomas de Zamora, pidió ser querellante y escuchó de boca del juez en qué consistieron las maniobras de espionaje que investiga. Una de las mayores sorpresas que se llevó Cristina fue cuando el juez, que expuso incluso hasta con pizarrones, le comentó que la AFI supo de una reunión con Sergio Massa el 30 de diciembre de 2017, cuando la reconciliación entre ambos aún parecía un sueño lejano.
