Los tribunales federales de Comodoro Py vuelven a la actividad este lunes, luego de la feria de invierno, con un tema que quedó pendiente y se encuentra a cago de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires: secuestrar o no el teléfono del diputado Gerardo Milman, vicepresidente del bloque del PRO, para someterlo a una pericia que podría agregar pruebas en el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Días después del intento de magnicidio, un testigo declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti haber escuchado a Milman decir: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. El abogado que representa en la querella a la vicepresidenta, Carlos Aldazábal, consideró que “realizar la prueba es imperante” y planteó como “esencial” el secuestro del celular en relación a la frase que se le adjudica de haber pronunciado en el bar Casablanca días antes del hecho.
Milman, quien antes dirigía la campaña de precandidata presidencial de Patricia Bullrich, fue corrido de la escena política a fines de 2022. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, son quienes están a cargo de tomar la decisión del secuestro del teléfono.
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Además, los jueces buscan poder llegar a un fallo unánime, sin disidencias, pero según fuentes que le confiaron a elDiarioAR, hay dos de tres votos definidos. Está previsto que la pericia se defina después de las PASO, cuando la temperatura electoral baje un poco.El secuestro del teléfono había sido pedido por el fiscal Carlos Rívolo, pero fue rechazado por la jueza Capuchetti a mitad de mayo de este año ya que afirmaba que no había indicios suficientes para ordenar una medida que invada el derecho de intimidad del diputado.
Por otra parte, Milman posee fueros parlamentarios. El dato no es menor. En caso de que la Cámara termine aceptando el requerimiento, es posible que Capuchetti deba tramitar el desafuero del diputado para poder avanzar con la prueba.
En una audiencia previa a la feria, el abogado de Milman, Manuel Barros, sostuvo que en el expediente no hay “elementos objetivos” de una presunta participación o conocimiento de su cliente sobre el intento de homicidio y que, por lo tanto, no hay fundamentos para que se autorice el peritaje del teléfono.
En cambio, la querella sostuvo que en la audiencia la jueza Capuchetti cometió “mala praxis” al no profundizar en detalle alguna pista relacionada a Milman. Juan Majuel Ubeira, uno de los abogados de la querella afirmó: “No sé si Milman tiene alguna participación respecto de este acto, para hay cosas que no tienen ningún tipo de explicación”.
Mientras tanto, Aldazábal expuso ante los jueces los indicios del porqué ameritaba el secuestro del teléfono del diputado: el principal argumento es el testimonio de Jorge Alberto Abello, ex diputado provincial en Santa Fe, empleado del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja y colaborado del diputado nacional Marcos Cleri.
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El 23 de septiembre del año pasado, Abello se presentó ante la jueza Capuchetti y declaró que el 30 de agosto, dos días antes del atentado, se encontraba en el bar Casablanca junto a su cuñado cuando escuchó que una mensa cercana, Milman les dijo a dos de sus asesoras mujeres: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.Milman lo denunció por falso testimonio y negó haber pronunciado esa frase. Las dos mujeres terminaron siendo identificadas por las cámaras de seguridad como colaboradoras del diputado que debieron declarar como testigos.
En primer lugar, las mujeres desconocieron la reunión en el bar, pero luego que vieron las grabaciones negaron que Milman haya pronunciado la frase y entregaron sus teléfonos a la Justicia porque la Sala I de la Cámara Federal porteña accedió al pedido de la querella de validar el análisis del contenido de los dispositivos debido a la “gravedad institucional” del hecho.
Sin embargo, la pericia no encontró información relacionado al atentado. El teléfono de Carolina Gómez Mónaco, una de las mujeres identificadas y asesora parlamentaria, había sido borrado. El teléfono de la otra mujer, Ivana Bohdziewicz, secretaria administrativa, no se halló nada relevante.