29 Enero de 2015 11:29
La propuesta del Gobierno para que el abogado penalista Roberto Manuel Carlés cubra la vacante en la Corte Suprema de Justicia que dejó Eugenio Zaffaroni ya despertó las críticas de dirigentes opositores.
El mismo día en que la Casa Rosada oficializó la candidatura a través de una solicitada y abrió el período de eventuales impugnaciones, el Frente Renovador y la UCR adelantaron su rechazo.
El diputado nacional ? consideró que la candidatura de Carlés es una "bomba de humo para distraer la atención".
"No tengo ninguna duda que esta designación no sale" porque no contará con respaldo en el Congreso de la Nación, aseveró Massa, a la vez que lo vinculó con la "justicia militante".
La propuesta de Carlés debe ser convalidada por el Senado, con los dos tercios de los votos. En diálogo con radio Mitre, el jefe del Frente Renovador -que no tiene bloque en la Cámara alta- consideró que la postulación "nada tiene que ver con lo que pide la sociedad" en materia de justicia y reclamó la necesidad de que "la Argentina tenga jueces independientes y no jueces militantes".
El radicalismo, con once bancas en el Senado, ya adelantó su oposición. Al kirchnerismo se le podría dificultar la aprobación del pliego de Carlés.
"Esto puede ser un nuevo caso Reposo", expresó el senador radical Ernesto Sanz, en referencia a Daniel Reposo, cuya candidatura por parte del kirchnerismo para la Procuración General quedó trunca en 2012.
"Nosotros no vamos a darle un espacio para que logren la impunidad con todo esto que están haciendo que es buscar una autoamnistía. Están mandando el pliego de un juez militante en momentos donde la Justicia tiene que estar al lado de la palabra independencia", aseguró el legislador en diálogo también con Mitre.
Carlés, de apenas 33 años, habría sido sugerido a la Casa Rosada por el ex ministro del tribunal Raúl Eugenio Zaffaroni, de quien es discípulo y con quien comulga en lo doctrinario.
La más reciente aparición pública de Carlés es su actuación como coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, cuyo proyecto no fue tratado aún en el Congreso porque mereció fuertes críticas de la oposición. Entre otras cosas, eliminaba la reincidencia y reducía las penas para delitos graves.
De acuerdo con el decreto 222/03, a partir de la propuesta, el Gobierno debe publicar durante tres días, en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales, los antecedentes del candidato, para que, en un plazo de 15 días, los ciudadanos, ONG, colegios y asociaciones profesionales y entidades académicas y de derechos humanos puedan presentar observaciones.
