El Gobierno Nacional derogó el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri. Esa decisión está directamente vinculada a que esa modificación de la Ley de Migraciones era inconstitucional. A partir de 2017, el DNU macrista permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
La derogación fue oficializada por el decreto 128/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández. En los considerandos se explica que los cambios efectuados bajo la gestión macrista son “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
Otra de las razones por las que derogaron el DNU fue porque los cambios introducidos era claras violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, explicaron: “La violación al principio del debido proceso y al derecho a contar con asistencia y defensa legal”. Por otra parte, se aseguró que dichas modificaciones “agravaron exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria y le causaron un daño económico al Estado argentino”.
En solo dos años de vigencia, entre 2017 y 2019, el gobierno de Macri expulsó del país a más de 3 mil inmigrantes. Además, prohibió el ingreso a la Argentina de muchos extranjeros que contaban con antecedentes penales.
En 2017, cuando Juntos por el Cambio le dio vía libre a ese DNU, recibieron críticas de diversas organizaciones de derechos humanos. Incluso las Naciones Unidas (ONU) apuntaron al Estado argentino que el DNU significaba un retroceso en las políticas migratorias de Argentina.
En tanto, Amnistía Internacional había advertido que esa norma “acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina". Macri eligió hacer oídos sordos.
Tras la derogación del DNU macrista por parte del Gobierno de Fernández, el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) publicó en sus redes sociales: “Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años”.
Por otro lado, referentes de Juntos por el Cambio salieron a criticar la medida del presidente. La exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich escribió en Twitter: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.
Otro de los macristas que publicó un reproche contra el Ejecutivo Nacional fue el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que publicó en Twitter: “Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”.
Por último, en un comunicado de prensa, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) anunció que, junto a su par y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado hoy por el Gobierno de Alberto Fernández. Y aseguró: “El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos”.