El gobierno libertario encabezado por Javier Milei arribó a la Casa Rosada prometiendo un cambio de paradigma radical, con un discurso que resaltaba la desregulación económica, la reducción del gasto público y la lucha contra "la casta". Sin embargo, su relación con el Congreso, un poder al que desdeñó en su discurso inaugural, se convirtió en un terreno de tensiones, maniobras y resultados mixtos.
Entre los primeros triunfos del oficialismo destacan la sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida, el Paquete Fiscal y la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP). Estos logros, aunque significativos, estuvieron marcados por profundas divisiones y demoras en el tratamiento parlamentario. La Ley Bases, en particular, exhibió la fragilidad del consenso político en torno al proyecto libertario. Su versión inicial, de más de 600 artículos, fue retirada tras varias negociaciones que terminaron en fracaso,
Esto obligó al gobierno a replantear su estrategia y presentar una propuesta más acotada. Si bien logró el apoyo de sectores opositores moderados, la resistencia de la izquierda y el kirchnerismo duro evidenciaron los límites del poder de Milei en un Congreso donde su bloque es minoritario. Por otro lado, la implementación del BUP fue presentada como un paso hacia la modernización del sistema electoral. Sin embargo, su aprobación tardía y las tensiones que generó en el Senado mostraron las dificultades para avanzar incluso en iniciativas aparentemente consensuadas.
Lo cierto es que el presidente libertario acudió a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) como herramientas clave para sortear obstáculos legislativos. El DNU 70/2023, destinado a desregular la economía, y el 846/24, que modificaba la Ley de Administración Financiera, provocaron fuertes críticas. Mientras que el primero fue rechazado en el Senado, el segundo logró mantenerse vigente gracias a maniobras que bloquearon su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Además, los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y de actualización de jubilaciones causaron indignación en sectores clave de la sociedad. Estos movimientos, aunque efectivos para el gobierno, reforzaron la percepción de que las prioridades de la administración de Milei están orientadas a desmantelar derechos adquiridos y debilitar áreas sensibles como la educación pública y la seguridad social.
La anulación del DNU que asignaba fondos millonarios a la SIDE marcó un punto bajo para el oficialismo. La oposición liderada por el PRO, aliado estratégico de Milei, no solo rechazó el decreto, sino que expuso grietas dentro de la coalición gobernante. Este episodio reflejó la precariedad de las alianzas políticas que sostienen al gobierno libertario en el Congreso y dejó al descubierto el débil vínculo que mantiene el líder de la Libertad Avanza con la cabeza del PRO, Mauricio Macri.
El llamado a sesiones extraordinarias muestró la voluntad de Milei de avanzar en una agenda ambiciosa que incluye reformas políticas, electorales y la polémica privatización de Aerolíneas Argentinas. No obstante, la exclusión del presupuesto 2025 del temario oficial subraya la dificultad del gobierno para consolidar un marco económico coherente y consensuado. En este contexto, la Ley Hojarasca, destinada a eliminar normativas "obsoletas", se presentó como una propuesta simbólica pero limitada frente a las urgencias económicas y sociales del país. La gestión de Milei en el Congreso demostró su capacidad para obtener ciertos triunfos, pero a un costo político considerable. La polarización, las resistencias internas y externas, y la falta de consensos sólidos ponen en duda la sostenibilidad de su modelo.
El desafío para el oficialismo radica no solo en aprobar su agenda, sino en demostrar que su visión libertaria puede traducirse en políticas públicas efectivas y socialmente aceptadas. Por ahora, las victorias obtenidas parecen más fruto de la imposición que del convencimiento, un enfoque que podría erosionar aún más la confianza en su gobierno.