Milei oficializó la desregulación de las obras sociales: las claves para entender los cambios

Finalmente llegó el día. El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) conducido por Javier Milei, publicó en el Boletín Oficial la oficialización del decreto 170/2024 que desregula las obras sociales. El proceso se llevó a cabo con tanta celeridad que sorprende, pero no tanto: el arco político libertario pone quinta a fondo para desfinanciar las centrales sindicales dejándolas cada vez sin menos presupuesto.

El caso es muy parecido al del envío de alimentos a comedores populares que son manejados por organizaciones sociales: el Gobierno deja de enviar esas partidas por "falta de claridad" en los procesos de entrega de comida para los más necesitados. En el caso de las obras sociales, se alega que las "cajas negras" de dinero aportadas por los trabajadores ahora serán manejadas por el Estado libertario y, los beneficios en salud irán "directamente" a los contribuyentes que pagan las cuotas mes a mes.  

Así las cosas, se estableció formalmente que el proceso de desregulación de las obras sociales tendrá vigencia desde el 1° de marzo. La gestión de control del nuevo reglamento será observado muy de cerca por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que principalmente revisará los aportes y las contribuciones de los servicios sanitarios al Estado. 

"El derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°", dice el artículo con el que empieza a regir la nueva regulación y que afecta a 14 millones de trabajadores.

¡Ojo! Porque entre esos 14 millones de personas están las empleadas domésticas, los y las trabajadoras en relación de dependencia, los que son monotributistas, también incluye a quienes trabajan de manera particular o estatal y aquellos que estén sindicalizados. 

Las "cajas negras" se las queda Milei

La nueva disposición que está dentro de las regulaciones que se dictaron por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, está la nueva denominación de las prestaciones de salud. Ahora se las llamará Entidades de Medicina Prepaga y el principal cambio es que cada persona elija su obra social "a medida".

Este es uno de los cambios principales, pero BigBang recorre la nueva reglamentación compilando las principales modificaciones en la manera de contratación de un servicio de salud de un trabajador.

• Libre elección: cada usuario podrá elegir si quiere asociarse a una obra social o a una prepaga dependiendo de sus necesidades de salud y claro, dependiendo del dinero al que acceda por su trabajo o actividad remunerada. 
• Cambios anuales: cada usuario podrá cambiarse una vez por año de su obra social o prestación médica, sea cuando fuere que así lo decida desde que comienza el contrato.

• Contra las obras sociales sindicales: el summum de esta Ley es llevar a los trabajadores a elegir una obra social diferente a la de su sindicato. Antes, debían quedarse al menos por un año en la obra social que le correspondía pero con la nueva regulación, los trabajadores podrán acceder a la elección del servicio de salud sin mediar con los sindicatos.
• Las empresas de salud le pagarán un canon al Estado: todas las empresas de medicina prepaga, están obligadas por ley a cumplir con el pago del 20% del total de los fondos que reciba; este dinero irá a parar en un Fondo Solidario de Redistribución manejado por el Gobierno de Milei.

• Qué pasa en caso de quiebra de la obra social: si la empresa prestadora de salud entra en quiebra, o cierra definitivamente o cesa sus actividades, los afiliados "quedarán en la lona", pues el Estado no intervendrá en esos casos. La autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores.
• Libre fijación de aranceles: cada empresa podrá cobrar a sus usuarios la cuota que precisen. El Estado no regulará los aranceles mínimos obligatorios a los prestadores y tampoco se fijarán modelos de contratos entre las empresas y sus contribuyentes.  

La ruta del dinero de las obras sociales

El dinero que recibían las obras sociales de los sindicatos y que los alimentaba para su supervivencia quedó ¡Afuera! Ahora, ese caudal va derechito a los fondos del AFIP, previamente firmando una declaración jurada de los empleadores o del pago del monotributo. 

Hay que tener en cuenta que las empresas de medicinas prepagas pagarán un 20% de sus aportes al Fondo Solidario de Redistribución. A ese mismo fondo, las obras sociales sindicales pagarán un 15% y por otro lado, los monotributistas aportan un 10% del valor de la cuota. 

Para controlar y fijar esos aranceles que van directo a la gestión de Milei, se creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RENA), organismo que se encargará de inscribir a todos los prestadores de servicios de salud.