Un revés judicial para el gobierno de La Libertad Avanza se hizo efectivo por pedido de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) que ordenó dejar sin vigencia la intervención por parte de Capital Humano a esa institución educativa.
La resolución tuvo lugar el viernes 27 de septiembre tras una medida cautelar firmada por Carmen Arias, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo junto a alumnos de la universidad pero también personal docente y no docente de la UNMa.
Así las cosas, quedaron sin efecto dos resoluciones (45/24 y 542/24) comandadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La causa recayó en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nº 2 que fue el que emitió el fallo haciendo lugar al amparo colectivo.
Entre las medidas que se establecieron por la justicia está la intimación a que se restablezcan las actividades de la sede de Marcos Paz: "Se dispongan los fondos presupuestarios que legalmente corresponden a la apertura de dicha sede".
Además, el fallo reconoce que la intervención de la universidad de las Madres y sus fundamentos son "irrazonables a la luz del marco normativo vigente en materia de universidades nacionales".
En ese mismo sentido, el tribunal consideró que esas acciones (intervenirla y dejarla sin presupuesto), "podrían generar un grave perjuicio a los docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de la sede de Marcos Paz, por lo que dictó la medida cautelar para evitar mayores daños".
En ese punto, las Madres hacen hincapié en la situación que les tocó vivir durante el 2 de septiembre cuando el interventor Eduardo Maurizzio ordenó el cierre de la institución con una fuerte presencia de la Policía Federal Argentina. Las horas en las que la institución estuvo con presencia policial se vivieron con mucha tensión entre el cordón de seguridad y los trabajadores que querían ingresar a sus puestos de trabajo.
Es así que la Resolución 45/24 que dio por inicio un "proceso de revisión" sobre la creación de universidades en el mes de octubre de 2023 -en la que también estuvo implicada la Universidad de Pilar- quedó sin efecto así como la resolución 542/24 que dio inicio a la intervención a través del Ministerio de Capital Humano.