Las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) marcharán junto a la CGT, la Federación Agraria y CGERA hacia el Congreso de la Nación para reclamar por la aprobación de la ley de Emergencia Social y Alimentaria, además de exigir el cese de despidos y suspensiones.
Los manifestantes se concentrarán desde el mediodía en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y en Avenida Belgrano y Entre Ríos, para desde allí marchar hacia la Plaza del Congreso, donde protagonizarán un acto a partir de las 16.
El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, advirtió que si el Gobierno decide vetar la norma -como lo hizo con la ley Antidespidos- "no cabe la menor duda" de que habrá una "reacción" por parte de los movimientos sociales y las entidades sindicales.
Consultado por esa posibilidad, Pérsico dijo en declaraciones a Radio 10 que "sería una locura para las fiestas" ya que "sería una responsabilidad política (del Gobierno)".
El proyecto, que obtuvo media sanción ayer en el Senado con los votos del FpV y el GEN, declara la emergencia social y alimentaria por un año en todo el país y establece el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, y la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
El senador nacional del FpV-PJ, Juan Abal Medina, precisó que el "costo específico" de la emergencia social sería "mil millones de pesos por menos, o sea, 12 mil millones en un año", mientras que "la puesta en funcionamiento de los distintos puestos de trabajo puede ser gradual".
El legislador dijo en declaraciones al canal A24 que su espacio político también está trabajando junto a otros bloques opositores, como el Frente Renovador y el GEN, en "un proyecto complementario que sería para el financiamiento de la emergencia social", el cual establecería, entre otras medidas, gravar "el tema de la renta financiera".
"Hay actividades que sí merecerían un mayor aporte, sobre todo cuando estamos hablando de emergencia social", aseguró Abal Medina, y precisó que serán beneficiarios de esta ley alrededor de "3.800.000 personas".
"El Gobierno tardó segundos en bajar las retenciones a la soja, en eliminar las retenciones a la minería, y le cuesta mucho más tomar decisiones para los que menos tienen", explicó. La medida también apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular, estableciendo la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.
La protesta se llevará a cabo bajo la consigna "Unidad para la justicia social. Basta de despidos" y contará, según indicaron ayer las autoridades de la CGT, con el "apoyo simbólico" de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.