28 Febrero de 2016 12:09
Todo comenzó con el Juez Raúl Reynoso, de Salta, procesado por beneficiar a narcotraficantes a cambio de coimas, cuya detención fue tan sólo la primera de una serie de episodios que desnudaron la connivencia entre el narco y la política. Sería el primer escalón.
La detención del juez Reynoso, la primera piedra de una conexión política con el narco.
Al caso del magistrado federal a cargo de la jurisdicción de Orán, considerado por la Justicia de esa provincia como responsable de los delitos de asociación ilícita, prevaricato y concusión, se sumaron en dos semanas tres funcionarios acusados de narcotráfico en el norte del país: dos en Salta y uno en Formosa.
La preocupación en el Gobierno en torno a la injerencia de las bandas criminales en la política se acrecienta a medida que nuevas conexiones y vinculaciones políticas salen a la luz.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , junto al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el director nacional de Cooperación Regional e Internacional, Gastón Schulmeister, mantuvieron un encuentro con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Chuck Rosenberg.
Bullrich de visita en el edificio de la DEA.
El macrismo posó su mirada con preocupación sobre la situación de la frontera en el norte del país, territorio por los que se cruzan cientos de kilos de droga al año, actividad que guarda connivencia con los estamentos políticos.
El Presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza está imputado por contrabando.
El último caso en la zona se conoció el pasado jueves cuando el concejal y presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, fue imputado en una causa por contrabando de 267 kilogramos de cocaína, una investigación que también apunta a otro funcionario local, Mauricio Gerónimo, quien se encuentra prófugo.
Maurín, el último detenido por vinculaciones narcos.
Ambos son dirigentes del Frente Para la Victoria en Salvador Mazza y su vinculación con la comercialización ilegal de drogas puso en la mira de la Justicia a la pequeña localidad ubicada en la frontera caliente de estupefacientes. Gerónimo es intensamente buscado por la Interpol aunque se desconoce su paradero.
El concejal está prófugo de la Justicia desde hace semanas.
Todavía no se pudo determinar si el camión Mercedes-Benz en el que fueron hallados los 267 kilos de cocaína perteneció hasta hace cuatro meses al intendente local Rubén Méndez. El funcionario es propietario de una firma de transportes y posee una flota de camiones. Tras conocerse la orden de captura de Gerónimo, pidió 15 días de licencia por enfermedad.
Para evidenciar aún más la gravedad de la situación en el norte del país, hace una semana fue capturado un asesor del Ministerio de Economía y ex concejal, Pedro Bareiro, mientras transportaba 50 kilos de cocaína en la camioneta oficial de la gobernación que circulaba por la ruta 11, a la altura de la localidad de Clorinda. El cargamento estaba valuado en US$ 300.000.
Tras conocerse los hechos, el gobierno de Gildo Insfrán sólo le inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos y luego decidir si lo removían de su cargo, a pesar de que todo el cargamento fue hallado en una camioneta que él mismo conducía.
