El entendimiento entre el Gobierno argentino y el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las metas de reducción del déficit primario y la emisión monetaria establece que en 2022 se reduzca a 2,5% el déficit primario, en 2023 a 1,9% y en 2024 a 0,9% del PBI para llegar al 2025 con déficit cero. La emisión monetaria para el financiamiento del déficit debería cesar en el 2024. "El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un Staff-Level Agreement. Como siempre, el acuerdo final estará sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”, avisaron días atrás desde el organismo.
El Gobierno presentó un preacuerdo con el FMI avisando que no se trataba de un plan de ajuste ni estaba atado a reformas previsionales, laborales e impositivas. Sin embargo, un borrador del acuerdo evidenció a una serie de cambios en jubilaciones y el mercado laboral que se presentan como "voluntarios", razón por la cual el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvieron que salir aclararlo.
El documento que se conoció enumera otros ejes como el rango de inflación previsto en el acuerdo y las perspectivas para el dólar. El Gobierno aspira a mantener la inflación por debajo del 51% del año pasado durante el 2022 y para eso intentará alinear expectativas en un rango que va del 38% al 48%, según detalla el documento, por debajo del 55% que estimaron los economistas en el último sondeo del Banco Central.
De acuerdo con Guzmán, “no habrá ninguna reforma jubilatoria” tras el acuerdo con el FMI. “Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, agregó el ministro a través de su cuenta personal de Twitter y admitió que existirá una revisión de algunos de los regímenes previsionales vigentes.
Si bien esto último no fue vinculado a las negociaciones con el organismo internacional, el ministro resaltó que en la misma línea, "se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”.
En un audio que le envió a El Destape Radio, Alberto Fernández también aclaró que no acordó con el FMI estudiar los régimenes previsionales docentes. “La diferencia es muy grande y no es para docentes”, resaltó. Lo hizo a través de un audio enviado a El Destape Radio en el que explicó que “de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces", explicó.
Y cerró: "Algo hicimos con los jueces pero deberíamos avanzar más. Lo mismo con los Embajadores. No es el tema de los docentes”. Fue una nota del medio Clarín que afirmaba que el estudio (sobre la sustentabilidad del régimen previsional) serviría de base para una reforma previsional dirigida a elevar la edad jubilatoria, revisar la forma de calcular el monto de las jubilaciones, las pensiones y los regímenes especiales e impulse ahorros voluntarios en sistemas privados.
El entendimiento alcanzado entre la Argentina y el FMI para refinanciar una deuda cercana a los US$ 44.500 millones prevé, entre otras acciones, el ingreso de fondos frescos para cancelar los actuales vencimientos, una reducción del financiamiento monetario, el compromiso de sumar reservas este año por US$ 5.000 millones y la necesidad de avanzar con la aprobación del Congreso Nacional para refrendar lo que será un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años de plazo.
Los principales puntos del entendimiento, detallados por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conferencia de prensa, aquel 28 de enero, son: el Programa va a tener una duración de dos años y medio; una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024; el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro; y no habrá salto cambiario, y en consecuencia la política cambiaria se mantendrá con el actual esquema.
También se acordó que el financiamiento será de US$ 44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral. Estos desembolsos tendrán vencimientos que oscilarán entre los cuatro años y medio y los diez años de plazo, una vez que el Congreso Nacional apruebe el futuro acuerdo de facilidades extendidas. Se planteó un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$ 5.000 millones para este año y se mantendrán todos los derechos de jubilados y jubiladas, no habrá ninguna reforma laboral y tampoco está prevista privatización alguna de empresas públicas.
Finalmente, el propio Guzmán había adelantado que se fortalecerá la administración tributaria "buscando atacar los problemas de evasión y de lavado de dinero": "Se acordó un marco que tiene por objetivo mantener una estructura de tasas de interés reales que redunden en valores positivos, de modo de favorecer la demanda de activos en pesos, y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera. Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario".