“El martes voy a contestar todas las preguntas. Pero no voy a hacer declaraciones antes de presentarme ante el juez y el fiscal”. Diego Lagomarsino contesta en forma amable y parece tranquilo, pero no quiere seguir hablando porque está en medio de una reunión. No deja de llamar la atención su estado de ánimo si se considera que ha quedado en el medio de una de los casos criminales más controvertidos de los últimos años.
El técnico informático fue acusado esta semana por el fiscal Eduardo Taiano de formar parte de “un plan criminal” porque con su pistola Bersa calibre 22 terminó muerto el fiscal Alberto Nisman en el baño de su departamento en Puerto Madero. El fiscal se basó en el cuestionado peritaje de la Gendarmería para sostener que Nisman había sido asesinado por dos personas, que no identificó. Tras el dictamen, el juez federal Julián Ercolini le impuso una tobillera electrónica a Lagomarsino y lo llamó a prestar declaración indagatoria el próximo martes como “partícipe necesario” de homicidio. Si lo llegaran a condenar podría enfrentar una pena de prisión perpetua.
“El martes Diego va a contestar todas las preguntas. Y vamos a obligar al juez y al fiscal a que estén presentes”, dijo una fuente de la defensa del técnico informático, único imputado en la causa por la muerte de Nisman. Los abogados de Lagomarsino quieren que la indagatoria estén a cargo de los máximos responsables de la investigación y no de otros funcionarios de menor rango, como ocurre habitualmente.
Lagomarsino en el edificio de Nisman.
El eje de la defensa de Lagomarsino es bastante claro. Dirá que llevó su pistola al departamento porque se la pidió, que no podía negarse porque era su jefe, que le había dicho que la quería usar para defenderse por sí en la calle le pasaba algo después de haber denunciado a la presidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán y que si se hubiera imaginado que iba a suicidarse no se la hubiera dejado.
El fiscal Taiano, con la citación a Lagomarsino, descartó la hipótesis del suicidio, que fue la que orientó el comienzo de la causa, cuando estaba en manos de la fiscal Viviana Fein. La anterior juez del caso, Fabiana Plamaghini, había ordenado que se hiciera lo que se conoce como “autopsia psicológica” a un grupo de peritos del Cuerpo Médico Forense, en la que también participaron peritos de parte.
Es un trabajo que se realiza generalmente en los casos de suicidio, para poder buscar pistas que expliquen esa decisión. Se realizan entrevistas con las personas más cercanas a la víctima, se estudia su historia clínica y se hablan con los médicos, psicólogos o profesionales que lo hayan atendido.
Nisman apareció muerto en su departamento.
Ese informe se realizó, pero con muchas dificultades, ya que no se accedió a documentación médica o de salud mental, y las personas entrevistadas de su trabajo o de su círculo más cercano no habían tenido contacto con Nisman en las 72 horas previas a la muerte, un lapso clave para encontrar ideas o un plan suicida.
De todos modos, el informe dice que “no obstante, del grupo de personas entrevistadas y de las constancias de autos que se analizaron, no es posible inferir elementos de valor psicopatológico que permitan deducir que el occiso cursaba -al momento de su muerte- un síndrome o trastorno psíquico asociado a conducta autodestructiva”.
El peritaje de Gendarmería sostiene que lo mataron dos hombres.
El perito de parte de Lagomarsino, Mariano Cástex, profesor titular de medicina legal y psicología forense en la UBA, no duda, en cambio, que Nisman se quitó la vida con la pistola que le llevó Lagomarsino. En su dictamen sostuvo que Nisman tenía “un componente narcisista importante”, a lo que se agrega “en forma innegable un mal de ánimo ante la posibilidad de fracasar, con el consiguiente temor al rídiculo”.
Sostiene que padecía un sentimiento “de soledad y de abandono por parte de personas allegadas, al tener que defender una denuncia de cuya gravedad institucional y trascendencia política ha tomado debida cuenta y la cual es posible que hubiera sido inducido por terceros, quienes luego habrían sugerido un desistimiento, por razones ignotas que entreabren toda suerte de hipótesis”.
En sus conclusiones, sostiene que “es muy probable y con una escasa duda prudente en contrario, que el fiscal Alberto Nisman se hubiese quitado la vida” y añade que “el suicidio hubiera sido inducido en forma dolosa desde fuera, es algo que escapa por completo a esta pericia” y que esa posibilidad debería ser materia de investigación.