El reporte "No es sólo un aborto" se publicó a través del Centro de Estudios de Estado (CEDES) en los últimos meses de 2023. Allí se detalla en números la implementación de la Ley de Aborto Seguro, Legal y Gratuito que se promulgó en el año 2020 y que garantiza que las personas gestantes accedan a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como un derecho adquirido.
El informe llamó poderosamente la atención a BigBang que accedió a Silvina Ramos, socióloga e investigadora que forma parte del "Proyecto Mirar", encargado de impulsar el análisis de la ley 27.610 y sus avances desde el año 2020. La investigadora contó que: "El CEDES es un centro de investigación que tiene casi 50 años de vida, que se dedica a realizar estudios e investigaciones sobre distintos aspectos de la vida social, política y económica de la Argentina".
Lo interesante de este tipo de investigaciones (acceda a él haciendo click aquí), es que los datos publicados matan cualquier tipo de relato que impida el acceso a derechos: "Lo hacemos con el objetivo de sistematizar información: que no sólo estén basadas en tus orientaciones político-ideológicas, sino en información que es un instrumento para la acción política. Ese es nuestro objetivo". Y también sostiene: "A los datos les ponemos rigurosidad científica, les ponemos interpretación, les ponemos análisis comparado con otros países. Los datos son datos. Los datos no son opinables".
La charla con Silvina Ramos no tiene desperdicio: se repasan las consideraciones sobre la objeción de conciencia, las dificultades que algunas zonas del país todavía atraviesan para el acceso a una IVE y también se analiza qué podría pasar con el gobierno de Javier Milei que propone una quita de derechos constante. Siéntese cómodamente y acompáñenos a desandar este camino.
¿Qué avances se vieron desde 2020 a esta parte en la implementación de la Ley?
-El avance más importante es haber corroborado que la Ley 27.610 fue una ley que trajo mayor equidad, mayor justicia mayor, bienestar y mayores probabilidades de vida de las adolescentes, mujeres y personas con capacidades de gestar.
Ese es el gran logro, demostrar que una ley de estas características fue conquistada con un debate democrático ejemplar en la vida política argentina. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y si uno mira para atrás el debate que en el Congreso hubo sobre el aborto fue un debate ejemplar desde todo punto de vista. Es muy importante rescatarlo y señalarlo, sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo ahora... de amenaza latente.
En el informe se ven reflejados los avances que trajo consigo la implementación de la ley 27.610 en cuanto a la aplicación de la ESI o la baja de la maternidad en niñas. ¿Qué precisiones podrías acercar?
-En la Argentina la fecundidad adolescente, que es el indicador que mide la cantidad de hijos por persona, bajó sustancialmente en los últimos cinco años, sobre todo en cuanto a la fecundidad de menores de 19 años y más aún la de menores de 15 años.
Los embarazos de niñas menores de 15 años, son en su amplísima mayoría embarazos fruto de abusos sexuales, de violencia sexual. Ese fenómeno es importante porque en el resto de América Latina es un fenómeno muy difícil de bajar por las características del abuso sexual.
En la Argentina lo hemos logrado bajar gracias a una confluencia de factores: el acceso a la educación sexual integral, el acceso a la anticoncepción y también el clima social, que tuvimos en los últimos años afortunadamente, vinculado a una condena social sobre estos casos.
Uno de los apartados más llamativos es el cambio en cuanto a los efectores de conciencia. ¿Cómo se trabajó en ese análisis?
-Venimos desarrollando una línea de trabajo sobre este tema y tuvimos la oportunidad también de contribuir en la redacción de la ley para regular la objeción de conciencia.
En la amplísima mayoría de los países del mundo está regulada, es algo que asiste a las personas en su fuero íntimo, como una voluntad de no desarrollar algunas acciones que van en contra de sus principios personalísimos, morales y éticos.
Ahora, en el rol de funcionario público, en el rol como prestador de servicios de salud, no puede obstaculizar de ninguna manera -y ahí viene la regulación- el acceso de otra persona a un derecho como por ejemplo el acceso al anticoncepción, por ejemplo el acceso al aborto o el acceso a la Educación Sexual Integral.
Lo que uno observa en la Argentina, es que al principio de la implementación de la Ley hubo una reacción de algunos prestadores (a veces por falta de información, a veces por confort como un atajo para no hacer lo que tenés que hacer y algunos por convicciones íntimas y respetables) pero luego se fue morigerando eso, porque el clima social ayuda a la circulación de información, ayuda cuando los profesionales y las profesionales se se sienten amparados por la ley desde el punto de vista cultural político, así se les caen esas reacciones primarias.
Hubo una voluntad por parte de muchas autoridades sanitarias de señalar 'acá está operando una obstaculización de derechos'. Entonces esos factores operaron positivamente para la objeción de conciencia; no es que haya dejado de ser un problema, pero es un problema que se fue suavizando a los tres años de cumplir la ley.
Según el informe, hay desigualdad para acceder al derecho del aborto. Se observa que hay tres a cuatro servicios, cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán; y lo compara con los 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa. ¿Cómo se puede mejorar esta desigualdad territorial desde tu punto de vista?
-Es un gran talón de Aquiles de la política de acceso al aborto en la Argentina. La Argentina es un país desigual en muchos aspectos de la vida social, económica y política; esto no justifica que la desigualdad exista en el acceso al aborto, lo que quiero señalar es que la Argentina tiene de múltiples desigualdades y la política de acceso al aborto es una más de las múltiples desigualdades que tiene.
Por otro lado, Argentina es un país federal. Las provincias son soberanas para decidir sus políticas sanitarias aún cuando tienen que respetar las regulaciones nacionales, por ejemplo la Ley 27.610 que es una Ley de Orden Público -esto quiere decir de cumplimiento obligatorio en toda la jurisdicciones del país y en los tres subsistemas de salud que la Argentina tiene el público, Seguridad Social y medicina prepaga- es por eso que no las no todas las 24 jurisdicciones del país tuvieron el mismo apego al cumplimiento de la ley.
Algunas autoridades sanitarias fueron más celosas y vigilantes de la ley y otras menos; hay provincias que son más ricas y provincias que son más pobres y en esa configuración aparecen las desigualdades que se observan.
Sin embargo, la Argentina duplicó en tres años, la cantidad de servicios públicos en los cuales se puede acceder un aborto. Pasamos de 900 a casi 3000 servicios públicos tanto hospitales como servicios de centros de salud.
En ese dato global, hay desigualdades que tienen que ver con que en las localidades más pequeñas, el acceso es más difícil que en las metrópolis. El acceso es más difícil en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, personas con discapacidad, adolescentes, personas de la diversidad sexual tienen más dificultades para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
¿Qué desafíos hay teniendo en cuenta el advenimiento de la ultraderecha en nuestro país?
-Varias consideraciones, la primera es que la política de acceso al aborto está basada en la legitimidad que tiene la Ley 27.610 que fue aprobada por el Congreso en un debate extenso, ejemplar y democrático y está instalada en el país. Va a ser difícil desarmar tantos años de trabajo, de compromiso, de activismo y de conciencia social sobre este tema.
La segunda consideración es que yo no creo que sea tan sencillo pasar una reforma o una anulación de la Ley por el Congreso de la Nación, es algo que no se puede legislar con un DNU. Dicho esto confío, en la experiencia que el Congreso argentino tiene y el compromiso que muchos legisladores y legisladoras han tenido históricamente con este tema.
Yo no creo que la sociedad argentina esté por volver atrás con la ley del aborto: que las mujeres se vuelvan a morir por abortos clandestinos, que las niñas adolescentes vuelvan a ser abusadas y que no tengan Educación Sexual para poder tomar decisiones frente a situaciones de violencia. Yo no creo que la sociedad argentina comulgue con esas ideas... confío plenamente en el cambio cultural que ha tenido en los últimos 15, 20 años.
Dicho esto creo que sí es muy importante tener una actitud de "alertidad" y de resistencia, porque es cierto también que en un clima cultural donde se dicen barbaridades, noticias falsas, argumentos falaces y mal intencionados (como por ejemplo que se hacen abortos de niños que están por nacer, cuando el 95% de los abortos que se hacen en la Argentina son en el primer trimestre del embarazo). O sea, cuando se trabaja la opinión pública con mentiras, hay que estar muy alertas, hay que mostrar los datos, mostrar los argumentos.
Lamentablemente en este aspecto, nos enfrentamos a la necesidad de volver a discutir cosas que la sociedad ya había saltado y eso, en sí mismo es un retroceso. Eso sí merece entidad, resistencia y toda nuestra inteligencia y compromiso para frenar el embate que probablemente tengamos en los próximos tiempos.