28 Octubre de 2022 11:19
La votación de la Cámara de Diputados del último miércoles, que le dio media sanción a la Ley de Presupuesto 2023, fue noticia por las internas y críticas que despertó en las diferentes fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición. Son muchos los puntos que generan discrepancias con el proyecto ya camino a ser discutido por el Senado, pero en caso de aprobarse, las empresas distribuidoras de energía eléctrica de todo el país podrán aumentar las tarifas de los usuarios para recomponerse de sus deudas por más de $500 mil millones, durante ocho años y en plazos mensuales.
La idea del aumento tarifario previsto es que las compañías eléctricas puedan recuperar terreno ante la inflación y la devaluación, y que tengan luz verde para aumentar para sostener la rentabilidad y, al mismo tiempo, ponerse al día con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa),
Allí los números no están claros, porque todavía no lo está la vuelta del formoseño José Mayans, quien continúa recuperándose de su dolencia y podría seguir en eso hasta fin de año, por lo que sólo contarían con 34 de los 37 votos necesarios, y deberían negociar con otros espacios como el que encabeza la misionera Magdalena Solari, la riojana Clara Vega y el rionegrino Alberto Weretilneck.
"Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires", reconoce el Presupuesto que el oficialismo pretende discutir en los próximos días para darle sanción completa. En caso de aprobarse, más de $200 mil millones de esa deuda a recuperar por parte de las distribuidoras corresponderá a Edesur y Edenor, por lo que impactará sobre todo el territorio del AMBA.
Las revisiones tarifarias integrales (RTI) de Edenor y Edesur serán revisadas por la administración nacional, lo que quiere decir que será el presidente Alberto Fernández quien dé marcha atrás con la decisión que tomó en 2019, cuando resolvió suspender los cambios en los números que había hecho la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2016. Esto ya había sido anticipado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, cuando visitó la Comisión de Presupuesto.
"Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones", asegura el proyecto.
Ya es una verdad que no se esconde que la intención es que las tarifas del AMBA sean igual de caras que las de las provincias, siempre menos beneficiadas en cuestiones de subsidios que la gran metrópolis argentina. "Seguramente responde a sectores de la oposición del interior del país que hace años mantienen un reclamo por la diferencia de tarifas entre ellos y el conurbano, pero esos sectores opositores no comprenden que en el gran Buenos Aires es donde los índices de pobreza estructural son los más altos", declaró el interventor del Enre, Walter Martello, al diario Clarín.
Al mismo tiempo, este aumento se combinaría con la quita de subsidios planificada a nivel nacional para un tercio de quienes lo perciben, por lo que la magnitud en porcentajes es difícil de establecer, pero algunos sectores calculan que podrá ser, sumando los dos factores, cercana al 200%, lo que se conoce -acá y en la China- como un tarifazo.
