En la Plaza Central de Jujuy ya casi no quedan rastros de lo que fue una protesta multitudinaria y los que aún resisten, unas 200 personas ubicadas cerca del edificio de la gobernación, se los nota visiblemente debilitados por el paso de los días.
El acampe liderado por Milagro Sala volvió a sufrir ayer un nuevo revés. El gobierno de Gerardo Morales sumo nuevas denuncias en contra de la dirigente social y ex funcionarios que podrían tocar de cerca al ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.
Morales amplió las denuncias contra Milagro Sala.
A estas presentaciones se suman denuncias de las propias cooperativas que eran aliadas de la Tupac Amaru por desvío de fondos y apropiarse de dineros públicos para la realización de los proyectos.
Las denuncias de las organizaciones detallan, según consignó La Nación, la manera en la que la organización se apropiaba de montos de dinero de las cooperativas mediante el endoso de cheques, de facturaciones por dinero que nunca aparecía -o por montos muy superiores a los recibidos- y del retiro en bolsas de grandes sumas de dinero de los bancos.
Sala continúa detenida y su situación judicial es incierta.
Los cabecillas de este mecanismo también fueron entregados a la justicia entre los que estarían Javier Nieva, dirigente de Tupac Amaru, una diputada provincial y una concejala de la localidad de San Pedro. La Justicia aún no se expidió al respecto.
En sintonía, el gobierno de Morales amplió las denuncias penales contra ex funcionarios de la gestión del ex mandatario kirchnerista Eduardo Fellner. Los hombres apuntados son el ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú; el vocal social del organismo, Pablo Tolosa, y la jefa del Departamento Administrativo Financiero, Marta Gutiérrez.
La Tupac Amaru en la mira de la Justicia por posibles desvíos de fondos y malversación.
Según el escrito que el gobierno presentó ante el fiscal Mariano Miranda, los denunciados incurrieron en el delito de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos.
En el Gobierno creen que Sala nunca hubiera podido cometer estos delitos sin la connivencia con el Estado. Las denuncias son dos. Una por $1.600.000, las cuales fueron presentadas en la tarde de ayer, en la Fiscalía de Investigación nº1, a cargo de la agente fiscal, Liliana Fernández de Montiel.
Piden la liberación
Pasadas las 21 del martes, un grupo de 15 diputados nacionales de distintos partidos, incluido el Frente para la Victoria, le reclamaron a Morales que intervenga para la liberación de la dirigente social y diputada por el Parlasur.
Lejos de acceder, tras el encuentro el Gobernador aseguró que recibió denuncias de vecinos de Alto Comedero -un barrio insignia de la organización Tupac Amaru- que aseguran haber sido agredidos y desalojados por no apoyar las movilizaciones para exigir la liberación de Sala.