por Matias Ayrala
13 Julio de 2022 14:39
Tras las amenazas de Daniel Vila, el dueño del Grupo América, a Jorge Rial, en el medio de Argenzuela, el programa de C5N, aún no hubo ningún acto de repudio de parte de las organizaciones vinculadas a la libertad de prensa, como FOPEA, o a la libertad de expresión, como la comisión que preside el diputado del PRO, Waldo Wolff.
De hecho, Wolff, un asiduo tuitero, tenía bloqueado a Rial, quien se dio cuenta de eso al intentar escribirle para comentarle lo que había sucedido. Hoy por la mañana, en Argenzuela por Radio 10, el periodista contó: “Me sorprendió que el tipo que tiene que cuidar a los periodistas por ser el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, que tiene que cuidar nuestra integridad, que no nos amenacen, que no coarten nuestra libertad de expresarnos, bloquea periodistas en Twitter”.
Y continuó: “Entonces, al no poder hablar por privado con él, lo expreso en un tuit. Escribí sobre la comisión y las tareas de Wolff, quien me tenía bloqueado. Al rato, en mis mensajes privados, me aparece un mensaje de Waldo Wolff. Me desbloqueó. Me escribió: 'Acá tiene mi celular. Llamame. Buen día'. Lo más parecido a la colimba. Entonces le respondí: '¿Quiere que lo llame para contarle de la amenaza o me va a decir que van a repudiarla? Lamento que aparezca ante un pedido público. Todo tendría que ser más natural'. Me puso de vuelta: 'Llameme'. Después le pregunté si era una orden o un pedido, y me escribió que tiene diferencias personales conmigo, habló de chicanas y demás. O sea, ante una diferencia personal, un representante del pueblo decide a quien darle bola o a quien no”.
En síntesis, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados excluye a un periodista y no lo defiende frente a una amenaza de parte de uno de los empresarios más poderosos del país porque su presidente tiene diferencias personales con el damnificado en cuestión. ¿Qué debería haber hecho la Comisión? En primer lugar, repudiar las amenazas de Vila, como ya lo ha hecho en otros casos.
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De hecho, para eso fue constituida. Su competencia es asesorar y determinar “en toda legislación o norma jurídica de cualquier orden que sea atinente a la libertad de expresión, de las ideas y creencias que garantiza la Constitución Nacional, tendiendo al respeto y la seguridad de quienes se manifiesten por cualquier medio, con arreglo a las disposiciones vigentes, tanto las resultantes de la Carta Magna, cuanto las contenidas en los tratados internacionales suscriptos por la República; expresadas en declaraciones y compromisos con organizaciones de derecho internacional o con países en particular, a las cuales adhiera la Nación”.
Por ese motivo, está conformada por representantes de las diferentes partidos políticos que integran la Cámara. Así como es presidida por Wolff, la vice 1° es Liliana Paponet del Frente de Todos; la vicepresidenta 2° es Soledad Carrizo de la Unión Cívica Radical, los secretarios son Nilda Moyano del Frente de Todos, Miguel Ángel Bazze de la UCR; y Sabrina Ajmechet del PRO.
Los vocales son Alberto Asseff del PRO, Karina Banfi de la UCR, Mara Brawer del Frente de Todos; Pamela Calletti del Frente de Todos; Pablo Carro del Frente de Todos; Marcela Coli de la UCR; Alejandro Finocchiaro del PRO; Fernando Adolfo Iglesias del PRO; Jimena López del Frente de Todos; Mónico Macha del Frente de Todos; Gisela Marziotta del Frente de Todos; Gerardo Milman del Pro, María Carolina Moisés del Frente de Todos; Francisco Monti de la UCR; Leopolodo Moreau del Frente de Todos; Graciela Ocaña, del PRO, Dina Rezinovsky del PRO; Leandro Santoro del Frente de Todos; Vanesa Siley del Frente de Todos; Martín Tetaz de Evolución Radical; Brenda Vargas Matyi del Frente de Todos; Liliana Yambrún del Frente de Todos; Lucio Yapor del Frente de Todos; Hugo Yasky del Frente de Todos; y Marian Zuvic de la Coalición Cívica.
En lo que va del 2022, los proyectos de la Comisión fueron 12. Y se encuentran divididos entre tres proyectos de ley, siete declaraciones, y dos resoluciones. En cuanto a su trabajo en proyectos los únicos que se destacan son los que fueron sumariados bajo los siguiente títulos: “Código Penal de la Nación, modificación del artículo 73 e incorporación del artículo 149, sobre acciones privadas y delito de hostigamiento, respectivamente”; “Institúyese el 22 de febrero de cada año como 'Día Nacional de la Libertad de Expresión'”; y “Servicios de comunicación audiovisual - Ley 26522 -. Modificaciones sobre cierre de la Defensoría del Público”. El primer proyecto fue tratado el día 2 de marzo de 2022, el segundo el día 3 de mayo, y el último 21 de junio.
En tanto, sobre las siete declaraciones que hizo la Comisión, los resultados fueron dispares. La primera fue 29 de marzo y afirmaron: “Expresar repudio por los dichos del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Señor Gustavo Osvaldo Béliz, sobre los lineamientos de un proyecto relacionado con el uso de las redes sociales para el bien común”. Al otro día, la Comisión volvió sobre el mismo tema. En esa ocasión dieron a conocer su “preocupación por el anuncio del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, de un proyecto para mejorar el uso de las redes sociales”. Siempre en lo importante.
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Más de un mes después, el 4 de mayo, expresaron su “adhesión a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada año”. Esa declaración podría ser revisada por el presidente de la Comisión tras las amenazas de Vila. Al otro día, el 5 de mayo, los miembros hicieron público su “Beneplácito por el 'Premio Libertad de Expresión' otorgado a los periodistas argentinos Oscar Flores, Ivanaa Pereyra y María laura Campo”.
En tanto, desde la Comisión de Libertad de Expresión hubo dos declaraciones más. Una fue el día 7 de junio cuando comunicaron su preocupación “por el allanamiento de la Policía en el domicilio de la comunicadora Manuela Calvo, en relación a la denuncia por Abuso sexual en la causa denominada Arcoiris”. El 29 de junio, también expresaron su “Repudio por el accionar de la Justicia de la provincia de La Rioja, en el marco del caso Arcoiris”.
Sobre las dos resoluciones, una fue el día 6 de junio y la otra fue el 9 de junio. En la primera resolvieron “Expresar preocupación por el allanamiento de la Policía en el domicilio de la comunicadora Manuela Calvo, en relación a la denuncia por Abuso Sexual en la causa denominada Arcoiris, en la provincia de La Rioja”. En la segunda, realizada el 9 de junio, la resolución estuvo vinculada al “repudio por la notas periodísticas publicadas en el Diario Clarín, sobre los sueldos que cobran los empleados del PAMI”.
Según está estipulado en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cada jueves en el horario de las 11, la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por Wolff, mantiene reuniones. En ese mismo sitio, en lo vinculado a la información de la Comisión no hay ni documentación, ni legislación, ni enlaces vinculadas a ella. En cuanto a los Partes de Comisión de 2022 también se encuentran vacíos.
