El Gobierno tomó la decisión en la última semana de que el proyecto de legalización del aborto tenía que tener la mayor cantidad de certezas posibles de ser aprobado en el Senado. Pero no sólo esto, el presidente Alberto Fernández sostuvo en privado que el proyecto debía aprobarse antes de fin de año para evitar el debate en sesiones extraordinarias.
Es por eso que se decidió que el dictamen que se apruebe para tratarse en Diputados sea lo más parecido a una versión “pasable” en el Senado. De ahí que, de forma silenciosa, desde el Gobierno empezaron a tender puentes con los senadores que en 2018 había presentado ciertos reparos con el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y que como consecuencia de la negativa a introducir cambios votaron en contra.
“No había margen político para que no se convierta en ley”, expresó una alta fuente oficial al explicar que el motivo del alejamiento del Gobierno del proyecto de la Campaña atendía a una necesidad política. “El golpe si no se aprueba es muy duro, no se puede perder ese caudal”, explicó la misma fuente.
Cuando después de conocida la noticia de los dos cambios sustanciales en el dictamen, la objeción de conciencia de institución y la necesidad del consentimiento de los padres u tutor para las mujeres entre 13 y 16 años, llegaron las primeras críticas por parte de algunas referentes del movimiento feminista.
En las diferentes charlas que tuvieron con algunos diputados y diputadas del Frente de Todos, y que pudo reconstruir BigBang, desde el oficialismo sostuvieron que tenían que salir de la postura “trotskista” de “mi proyecto o nada” para entender que la ley tal cual se iba a tratar tenía todos los artículos necesarios.
“A veces es preferible una ley un poco diferente, pero ley igual”, expresó una diputada que forma parte de esas negociaciones. Puertas adentro del movimiento feminista también hubo ciertas críticas. “Hay que entender que las leyes salen del consenso, que es lo que se dictaminó ayer”, le dijo a este medio una de las integrantes del colectivo que es más cercana al oficialismo luego del hilo de Twitter desde la cuenta oficial de la campaña en contra de los cambios.
Ayer con vistas a que el proyecto se convierta en ley, Moreau introdujo uno de los puntos centrales que llevó a que en 2018 la legalización del aborto no logre pasar el filtro de la Cámara Alta: la objeción de consciencia institucional.
Esto significa que no un médico, sino una clínica completa puede negarse a practicar un aborto aun cuando sea legal, amparándose en creencias religiosas u cuestiones de formación cultural. “Permitir a las instituciones religiosas la objeción de práctica es un avasallamiento a los derechos de acceso a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, sostuvieron desde la campaña en una serie de tuits.
“La objeción de práctica se permite para proteger a las minorías, no para garantizar el estatus moral de una mayoría. No queremos objeción de conciencia institucional porque además las instituciones no tienen conciencia”, agregaron.
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“Las críticas también hay que entenderlas en la situación que está la Campaña. A diferencia de hace dos años ahora no hay un liderazgo claro, y por eso se pierden consensos”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones.