05 Octubre de 2017 13:46
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques pidieron hoy al juez Julián Ercolini que sean afectados en forma concreta para cumplimentar el embargo decretado el año pasado de propiedades inmuebles, vehículos, embarcaciones, cajas de seguridad, acciones y cuentas bancarias de la ex presidente Cristina Kirchner.
Es en la causa en la que se encuentra procesado como jefe de una asociación ilícita por haber direccionado obras públicas al detenido empresario Lázaro Báez, alcanzado también por la misma medida.
La medida también alcanza a los bienes inmuebles y acciones societarias cedidas por la ex presidenta en beneficio de sus hijos Florencia y Máximo.
Los fiscales pidieron embargar los bienes cedidos a Máximo y Florencia.
Los fiscales pidieron que los vehículos sean secuestrados y para evitar que se deterioren sean otorgados en guarda a algún organismo del Estado.
El pedido también alcanza al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, los ex Jefes del Distrito n° 23 “Santa Cruz” de la Dirección de Vialidad Raúl Daruich y Mauricio Collareda y los ex titulares de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibañez.
Todos los nombrados fueron procesados el año pasado por el juez Ercolini y la medida fue confirmada por la Cámara Federal, que además confirmó los embargos de 10 mil millones de pesos. Los fiscales pidieron que los inmuebles embargados sean tasados, para determinar si con su valor se cumplen los montos del embargo.
Solicita Embargos Preventivos y Secuestros-1-10 by Rafael Saralegui on Scribd
"Con el fin de hacer cumplir las obligaciones internacionales que asumió nuestro país en materia de delitos vinculados a la criminalidad compleja con la firma, aprobación y ratificación de diversos instrumentos internacionales, a continuación se desarrollará la afectación concreta de embargo, de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados", dijeron los fiscales en su presentación.
El objetivo del pedido de Mahiques y Pollicita es "evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar".
Con ese norte, los fiscales reclamaron que "se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática".
El juez Ercolini consideró que los procesados conformaron "una asociación ilícita que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015", y que defraudó al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, firma de Báez.
Para el juez, "se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".
