05 Junio de 2017 16:28
La justicia federal allanó hoy las oficinas de las empresas Odebrecht, Iecsa y Ghella en la causa en la que se investiga si la constructora brasileña pagó coimas a funcionarios del kirchnerismo para que se le asignaran las millonarias obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares y en el que se sospecha que se pagaron sobornos por 20 millones de dólares.
Los procedimientos fueron para "complementar" otros realizados la semana pasada, según informaron fuentes judiciales, las cuales explicaron que la causa se encuentra ahora bajo secreto de sumario.
Iecsa pertenecía a Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, cuando junto a la brasileña Odebrecht resultaron ganadores de la licitación, junto a la italiana Ghella y la española COMSA.
Por orden del juez también fueron allanadas la firma Detall y la consultora Caesa, del ex funcionario Manuel Vázquez, quien fue sindicado como el testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en distintos expedientes judiciales.
Los allanamientos realizados hoy forman parte de una lista de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Picardi vinculadas con empresas como Iecsa y con ex funcionarios públicos.
Calcaterra era el propietario de Iecsa.
En un dictamen emitido la semana pasada, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.
El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".
El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.
El soterramiento tiene un presupuesto de u$S 3.000 millones.
Picardi pidió también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
"La gigantesca red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción" del Lava Jato en Brasil "trascendió las fronteras locales y proyectó sus efectos a través del pago de sobornos en otros países con miras a la obtención de importantes obras públicas, como es el caso argentino", sostuvo Picardi.
También, se incluyó en la investigación al lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.
