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La causa de los cuadernos llegó a la familia Macri
La causa de los cuadernos de la corrupción finalmente llegaron hasta la familia presidencial luego de que el juez a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, citó a indagatoria a Franco y a Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri. Ambos tendrán que acontecer a su despacho el jueves por la mañana.
Según declaró como arrepentido Claudio Uberti, quien dirigió el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de esos empresarios. Y ese dinero -dijo Uberti- era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por la firma Autopistas del Sol el padre del Presidente y su hermano.
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Correo Argentino: la deuda de su empresa que Macri quiso perdonarse
Durante la década del 90 la familia Macri se quedó con la concesión del Correo Argentino. Sin embargo en febrero del año pasado la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Grupo Macri por la deuda de dicha empresa que mantiene desde 2001.
En su dictamen la fiscal hizo un cálculo de que el impacto al erario sería de $70.000 millones mientras que los magistrados consideraron que eran $555 millones. Al conocerse el escándalo el presidente Mauricio Macri tuvo que salir a dar una conferencia de prensa en donde manifestó que el expediente pasaría a foja cero. Sin embargo los coletazos siguieron.
El Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que estaba fuertemente en contra del acuerdo, tuvo que renunciar. Ante toda esta situación Macri, junto a otros ministros, fue denunciado y la causa recayó en el Juzgado Federal 4 a cargo de Ariel Lijo.
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La primera causa judicial que le generó un dolor de cabeza al Gobierno: Panama Papers
La investigación mundial conocida como "Panama Papers" destapó una serie de entramados societarios del estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá y encargado a la creación de sociedades offshore en dicho país, reveló que el presidente Mauricio Macri aparecía como miembro de Fleg Trading. Cuando se conoció la investigación se sumó una sociedad más, Kagemusha, por lo que el presidente fue denunciado por lavado de dinero ante la justicia penal.
En agosto del año pasado se cerró la causa y los motivos fueron dos. El primero es que Fleg Trading nunca tuvo asociada una cuenta bancaria a la sociedad, por lo que no movió dinero ni tuvo la intención de hacerlo, de acuerdo a la Justicia. Mientras que en la segunda, la Cámara sostuvo que, como no había evidencia de lavado debía investigarse los motivos por las cuales no fueron declaradas ambas sociedades en el patrimonio de Macri y por ende ordenó que la investigación salga del fuero penal para pasar al penal económico.
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Arribas, Meirelles, y una poco clara negociación con Odebrecht
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, apareció en la causa del Lava Jato como uno de los beneficiarios de transferencias por U$D 600.000 por parte de uno de los cambistas (valijeros) que utilizaba la empresa Odebrecht, Leonardo Meirelles. Al llegar la causa a la Justicia, Arribas sostuvo que ese dinero era menos que ese monto y que había sido por una operación inmobiliaria.
En marzo de este año en Brasil comenzaron a investigar a Arribas por haber recibido más dinero todavía, U$D 850.000, de parte de la constructora Odebrecht. En Argentina fue citado a declarar por el juez federal Claudio Bonadio que le dio la razón al jefe de los espías y pidió la detención de Meirelles, quien se encuentra en el país vecino dentro del régimen para las "delaciones premiadas".
Los pagos a Arribas fueron realizados, según la Justicia de Brasil, a partir de septiembre de 2013, justo en la misma época que se negociaba la obra de soterramiento del Sarmiento que le fue licitada a la constructora brasileña.
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El primer indagado de la administración de Cambiemos
El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, se convirtió en el primer funcionario de la administración de Cambiemos de prestar declaración indagatoria. Basavilbaso tuvo que presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio -el mismo que tiene la causa de los cuadernos de las coimas que escribió el ex chofer Oscar Centeno- por las presuntas irregularidades en las operaciones del fondo de inversión conocido como Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La indagatoria a Basavilbaso sucedió a los 2 años, 9 meses y 7 días de la asunción presidencial de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015. Es decir que pasaron 1012 días de gobierno.
La causa investiga puntualmente si hubo un perjuicio o no con la venta de las acciones de Petrobras que poseía el FGS. En el Gobierno sostienen que es un fondo de inversión y que por ende funciona como tal, es decir que está habilitado a hacer compra y venta de acciones dentro de su cartera. Pero lo que investigan en Comodoro Py es si hubo una decisión basada en información privilegiada para buscar favorecer a empresarios "amigos" del oficialismo.
La vent ade las acciones de Petrobras Argentina (PESA) fue a Pampa Energía, que pertenece al empresario Marcelo Mindlin. La operación se concretó luego de que Pampa Energía le comprara a Petrobras Internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA), en mayo de 2016. El grupo de Mindlin debió lanzar una Oferta Pública Obligatoria de Adquisición (OPA) para ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación en PESA y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción, por lo que recibió, en total, $ 2.482.140.001. Sin embargo, tras la fusión por absorción con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina subieron a $18 en pocos meses. En la jornada de hoy, y a pesar de la crisis en Brasil, la acción de la petrolera subió a $19,65 y en el último año logró un alza de más de 77%.
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El lavado "pitufo" y la vicepresidenta
Una de las causas más mediáticas del actual Gobierno fue la protagonizada por la vicepresidenta Gabriela Michetti por supuesto lavado de activos a raíz del origen de 245 mil pesos y 50 mil dólares robados de su casa el 22 de noviembre de 2015, mientras ella festejaba el triunfo de Cambiemos en el ballotage.
La entonces flamante vicepresidenta fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán, pero tras una investigación que abarcó además a la fundación SUMA y otras ligadas al macrismo, el juez federal Ariel Lijo la sobreseyó en abril de 2017 y el fallo quedó firme por falta de apelación fiscal. No se pudo comprobar el orígen de los fondos.