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Ordenan la indagatoria de Cristina por presunta corrupción en la obra pública

CFK deberá comparecer en tribunales el 20 de octubre. El juez Julián Ercolini declaró además la inhibición general de los bienes de la ex presidenta.

12 Septiembre de 2016 14:11
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El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria hoy a Cristina Fernández de Kirchner y dispuso la inhibición general de sus bienes

Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, del empresario Lázaro Báez, detenido desde abril pasado en la cárcel de Ezeiza.

Cristina ante una posible nueva indagatoria.

Según informó el sitio de la Corte Suprema de Justicia, la ex presidenta fue convocada para el próximo 20 de octubre.

También fueron citados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner, primo directo del ex presidente de la Nación.

En la causa se investiga la maniobra por la cuál las máximas autoridades del gobierno kirchnerista junto con empresarios privados, identificados por sus vínculos personales, habrían conformado una asociación ilícita relacionada con la obra pública.

La modalidad delicitiva incluía la concurrencia de distintas empresas del Grupo “Báez” a un mismo proceso de licitación de obras para simular una competencia que, en definitiva, no existía. 

Lázaro Báez, beneficiado por los Kirchner, fue citado para el 2 de noviembre.

Ercolini -que en 2001 sobreseyó a la entonces presidenta por el alquiler de sus hoteles- consideró hoy que existen elementos suficientes para citar a indagatoria a Cristina, el día 20 de octubre del corriente año, a las 10 hs. Le seguirán Julio De Vido (24 de octubre), Carlos Kirchner (26 de octubre), José López (27 de octubre) y el ex titular de Vialidad Nacional en los años del kirchnerismo, Nelson Periotti, el día 31 de octubre.

El 2 de noviembre será el turno de Lázaro Báez y entre el 3 y el 9 deberán desfilar otro grupo de funcionarios del Ministerio de Planificación que conducía De Vido: Graciela Oporto,  Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Fatala.

Para el juez de la causa existen "bastantes elementos de convicción para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio". 

La semana pasada, la diputada Margarita Stolbizer había reclamado la citación a indagatoria de la ex presidenta. 

Lo hizo cuando, con un escrito presentado en tribunales, le pidió al juez Ercolini que "no se dilate el cumplimiento del llamado a indagatoria porque... alguno de los imputados, se burlan de la justicia y aprovechan las dilaciones para desprenderse de su patrimonio, ocultar pruebas y desvirtuar la labor de los operadores del servicio de Justicia"

Stolbizer considera que el beneficio otorgado a empresarios allegados derivaba después en el presunto retorno de dinero a la familia de los anteriores presidentes. 

El juez Julián Ercolini. En 2011, sobreseyó a Cristina por el alquiler de sus hoteles.

Junto con la inhibición de bienes de todos los citados a indagatoria, Ercolini además libró un oficio para que la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Javier Iguacel, remita un detalle pormenorizado de los pagos realizados -mes a mes- a las empresas del Grupo Austral, entre los años 2003 a 2015, con individualización de los conceptos y las obras a las cuales correspondían. 

Los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, sostienen que las maniobras de la administración Kirchner para beneficiar a Lázaro Báez constaban de 4 movimientos.

1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial

2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional 

3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y

4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado

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