Los dos policías federales que tenían asignada la custodia de Alberto Nisman el día de su muerte fueron llamados a prestar declaración indagatoria, acusados del presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber ingresado de inmediato al departamento cuando el fiscal no respondía a los llamados.
Se trata de los oficiales Armando Niz y Luis Miño, quienes fueron citados por la jueza en lo penal Fabiana Palmaghini para los días 12 y 19 de febrero, respectivamente, para declarar como imputados.
La situación de ambos custodios había quedado comprometida por la declaración testimonial de una secretaria letrada de Nisman, Soledad Castro, quien describió cómo el día en que el ex titular de la UFI Amia apareció muerto insistentemente pidió sin éxito a los policías que derribaran la puerta del departamento.
En el expediente está probado, además, que los custodios abandonaron el puesto de trabajo en las Torres Le Parc para ir a buscar a Sara Garfunkel, la madre de Nisman, quien tenía llaves para acceder al departamento, y volvieron a hacerlo para ir a buscar una agenda con una clave numérica para acceder vía ascensor a la entrada principal del departamento.
La jueza Palmaghini entendió que existe un “estado de sospecha suficiente” para convocar a Niz y Miño -quienes declararon en la causa como “testigos” cuando la instrucción estaba a cargo de la fiscal Viviana Fein-, a brindar explicaciones en torno al presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las querellas que representan a la madre y a las hijas de Nisman sostienen que el fiscal fue asesinado, que hubo para ello una “zona liberada” e involucran en esa secuencia a las conductas de los custodios del difunto fiscal.
La jueza ordenó, además, a la Gendarmería Nacional, una revisión tecnológica del entrecruzamiento de llamados telefónicos que venía investigando la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, y le reclamó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que le remita en el término de 48 horas documentación que le reclamó hace un mes sobre distintos aspectos de la pesquisa.