20 Enero de 2016 08:46
Organismos de derechos humanos iniciaron hoy una campaña para reclamar la liberación de la dirigente social Milagro Sala, encarcelada desde el sábado último a raíz de una denuncia realizada por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
La campaña fue lanzada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) que realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado, Alberto Esteban Cardozo y demás integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS).
“En un escrito pedimos que la Comisión otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy”, dijeron los organismos en un comunicado.
Según las entidades, referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy han sido víctimas de hostigamiento y persecución penal en el marco de una protesta social de sectores populares en esa provincia.
“Este accionar incluyó la detención arbitraria de Milagro Sala, referente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur. Su detención está siendo utilizada de manera extorsiva para limitar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las organizaciones sociales, violando derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que, vale resaltar, la Argentina se encuentra obligada”, dijeron los organismos.
Las entidades dicen que Milagro Sala está acusada de organizar una protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación al cual ella estaría instigando) en rechazo a un decreto provincial relacionado con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como sedición).
“El gobierno provincial y la justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para criminalizar la protesta con imputaciones vagas. Junto con una interpretación formalista contraria a los estándares internacionales sobre derecho a la protesta, se ordenó la detención de Sala en forma arbitraria y bajo un procedimiento lleno de irregularidades. En un proceso penal por estos delitos y con estas características no corresponde que la persona acusada sea privada de su libertad en forma preventiva”, dijeron los organismos.
En la presentación realizada a la CIDH, las organizaciones de derechos humanos alertaron sobre esta situación: “la gravedad se manifiesta en el inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta que ha llegado a la criminalización de cuatro de sus referentes, a la detención de una de ellos y a atemorizar al grupo que reclama por sus derechos con una orden explícita de desalojo de la protesta. Se concreta así un impacto arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.
