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Otra vez sopa: el Gobierno vuelve a la carga con la reforma laboral

El viernes se presentó un proyecto en el Senado, desde la Rosada sostienen que se trata de un señal hacía el FMI y los mercados pero que no avanzaría en 2019, aunque hay quienes dicen que hay algunas chances.

por Gonzalo Prado

08 Abril de 2019 12:49
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La reforma laboral volvió a ingresar al Congreso; el viernes a última hora el senador por la provincia de San Juan, Roberto Basualdo (Cambiemos), presentó un proyecto idéntico al que la Casa Rosada intentó aprobar desde 2017. El motivo, por tratarse de un año electoral, no es de que sea aprobado durante las sesiones ordinarias.

La estrategia, según pudo saber BigBang, tiene dos ejes. El primero es enviar un mensaje a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI):  de que se sigue con la reforma laboral en carpeta aun en un año electoral; el segundo por su parte es que el proyecto comience a ser tratado en las comisiones del Senado.

La elección del senador que lo presentó no fue librada al azar, según explicaron fuentes de la secretaria de Trabajo. “Basualdo es un senador que está bien con las empresas y con la CGT. Es neutral en ese sentido, entonces no iba a haber ruido”, sostuvieron. Mientras tanto, en el entorno del legislador procuraron bajarle el tono al asunto. “Lo que se buscó es darle más agilidad en lo que respecta al debate en comisiones. El proyecto tiene como objetivo hacer que las Pymes crezcan más y más rápido”, explicaron fuentes parlamentarias.

En cuanto a las chances reales de que el proyecto sea tratado y quizás aprobado en 2019 las opiniones son diferentes. "Hay una chance de sacar la ley y de hacer sentir mal al peronismo además", explicaron desde el Ejecutivo, donde consideran que el debate en sí traería aparejado una posición incómoda para el PJ. Mientras que otros sectores sostienen que con el sólo hecho de tener el proyecto moviéndose en el Senado alcanza. "Hay que evitar las cagadas para poder ganar las elecciones", manifestó preocupado otro de los interlocutores del Gobierno con el Congreso.

¿Qué dice el proyecto? La normativa se concentra en algunos conceptos principales.

El primero es el blanqueo laboral y una serie de normativas, en general exenciones impositivas, para que el empleador ingrese dentro del circuito formal a sus trabajadores en negro. Para eso se dejan sin efecto, desde que se publica en el Boletín Oficial, todas las multas que debería pagar siempre y cuando no vuelva a contratar dentro de la informalidad.

De suceder eso todos los beneficios se caerían y deberá pagar la totalidad de las multas por los empleados que blanqueó. Asimismo, se establece que debe pagar todos los aportes que evadió; el corte temporal se hará hasta 60 meses (cinco años) desde que se promulgue la ley.

Dentro del proyecto de ley se establece que se deberá terminar con todo litigio para que esos derechos sean reconocidos por parte de los empleadores, con lo que puede llegar a haber un beneficio para las patronales en ese sentido. Además se producirá un cambio en las multas para quienes no cumplan con el blanqueo.

En la normativa vigente se establece que por cada mes que tenga un empleado en negro el empleador tendrá que pagar el 25% del salario móvil del convenio colectivo en el que debería estar inscrito,  sin embargo ahora lo que se busca es que sea el 25% del salario mínimo vital y móvil, por lo que esa cifra se reduciría.

El tercer concepto apunta a fomentar la creación del empleo en blanco, ya que desde que la ley se promulgue, y por el período de dos años, las patronales estarán exentas del pago de aportes, que serán cubiertas por el Estado.

La presentación del proyecto debería hacer que los principales gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) pongan el grito en el cielo como sucedió antes. Sin embargo, hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto que les otorgó $13.000 millones a las obras sociales sindicales, una medida que busca generar un puente de tranquilidad con los gremios.

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