El gobierno de Javier Milei redobló su ofensiva contra las políticas de género y planea implementar un nuevo decreto que buscará eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos de identidad argentinos. Este ataque directo a los derechos conquistados no solo amenaza los principios de inclusión y diversidad, sino que también marca un preocupante giro hacia un Estado más restrictivo y regresivo en materia de derechos humanos.
El derecho al reconocimiento de identidades no binarias fue consagrado en Argentina en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, como parte de la Ley de Identidad de Género 26.743. Este avance posicionó al país como líder regional en materia de reconocimiento de la diversidad de género, sumándose a naciones como Alemania y Canadá. A través de la implementación de la nomenclatura "X" en los DNI, Argentina no solo validaba las vivencias subjetivas de miles de personas, sino que también reforzaba su compromiso con los derechos humanos en el escenario internacional.
Pese a esto, la postura libertaria es desmantelar todo lo hecho hasta ahora, lo malo -lógico- y lo bueno. El nuevo decreto que preparó el líder de la Libertad Avanza (LLA), que aguarda su inminente publicación en el Boletín Oficial, busca revertir este reconocimiento y volver al binarismo estricto de hombre y mujer en los documentos oficiales. Según datos del Censo 2023, unas 8.293 personas en el país se identifican como no binarias, y cerca de 1.500 ya habían accedido al cambio en su documentación. Para estas personas, el DNU no solo representa un retroceso legal, sino una invisibilización institucional y simbólica de sus identidades.
La medida no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de una política más amplia del gobierno libertario que incluye la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública y el desfinanciamiento de programas de salud reproductiva. Estos programas habían sido clave para garantizar derechos como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta "batalla cultural", como la denomina el propio Milei, busca erradicar cualquier vestigio de las políticas de diversidad e igualdad promovidas en los últimos años.
La eliminación del DNI no binario no es solo una cuestión administrativa. Es un acto político que vulnera el derecho fundamental a la identidad, protegido por estándares internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humano advierte que la identidad de género es un aspecto esencial de la dignidad y autonomía de las personas, y que los Estados tienen la obligación de garantizar su reconocimiento. Para quienes viven fuera del binarismo de género, este decreto significa un retorno al anonimato forzado, un borrado legal que niega su existencia. Más aún, ignora la realidad de quienes, desde sus experiencias de vida, no encajan en las categorías tradicionales de hombre y mujer. Este tipo de medidas no solo refuerza estigmas, sino que perpetúa la exclusión social y la violencia simbólica.