Pocos minutos antes de que comenzara la segunda parte de la audiencia entre Ministerio de Seguridad y las agrupaciones de izquierda que habían reclamado la inconstitucionalidad del protocolo anti piquetes que accionó durante la discusión de la Ley Ómnibus, la Cámara Federal ordenó que el caso sobre la legalidad de la medida salga de Comodoro Py y sea analizado en la Justicia ordinaria.
En este sentido, el Tribunal ya había dado señales el jueves pasado de que la presentación realizada por la izquierda no era de competencia federal. En tanto, si el juzgado no acepta la causa, la Corte Suprema será la que intervenga.
La decisión, fue adoptada por el juez federal Eduardo Farah, en representación de la Sala número II de la Cámara Federal, que había intervenido de manera unipersonal ante la serie de apelaciones que plantearon los abogados de la cartera manejada por la ministra Bullrich contra el juez Casanello y su intervención.
La resolución fue firmada esta mañana y dispone: "No aceptar la atribución de competencia realizada por el titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional 28 de esta ciudad, invitando a su titular a que, de no compartir con este criterio, trabe competencia y la remita a conocimiento del superior tribunal (CSJN)".
En este contexto, se da a conocer que el juzgado de Sebastián Casanello estaba a punto de iniciar la segunda parte de la audiencia del habeas corpus convocada para este miércoles, esta vez sin la presencia de Patricia Bullrich, quien sí había asistido al primer encuentro para argumentar el porqué del protocolo.
Con esta decisión judicial, se cumplen los deseos de la ministra de Seguridad , que pretendía que el expediente que se inició el 18 de diciembre pasado pasara finalmente a los tribunales penales ordinarios, que ya se habían incompetentes para intervenir en la resolución que fue dictada por el mismo Ministerio de Seguridad.
Al respecto, la presidenta del Pro se refirió al tema en su cuenta oficial de X y se burló de los referentes de izquierda que llevaron adelante el hábeas corpus, insistiendo que "los que cortan, no cobran".
"El protocolo del Orden gana en la justicia. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público sigue vigente!", escribió Bullrich, quien no se iba a presentar a la segunda audiencia.
Además, el Ministerio de Seguridad defendió la medida y remarcó su legalidad, además de negar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad a raíz de su aplicación, pese a que ya se puso una especial lupa en el accionar de la fuerza motorizada a partir de las lesiones que recibieron algunos de los manifestantes frente al Congreso tras su intervención, supuestamente, para "poner orden".
El expediente saldrá entonces de Comodoro Py 2002 y pasará a la Justicia en lo criminal ordinario que deberá resolver si tiene competencia en el tema.