El juez federal Sebastián Casanello consideró hoy que no hubo lavado de dinero en la causa denominada "Panamá Papers", originada por una investigación periodística, en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri, y la envió al fuero en lo Penal Económico.
Mauricio Macri, beneficiado por la resolución de Casanello
"El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo el magistrado, después de un año de investigación.
Como para el juez no hubo pruebas de lavado de dinero, consideró que debía enviarse la causa al fuero en lo penal económico para que se investigue si hubo alguna irregularidad de tipo impositivo. También remitió copia del expediente a otra causa que se tramita en el fuero ordinaria, por diferencias en las declaraciones juradas del Presidente.
Casanello declaró la incompetencia del tribunal "en razón de la materia para seguir entendiendo en el hecho vinculado a la presunta omisión maliciosa cometida al completar la declaración jurada patrimonial de Mauricio Macri, y en consecuencia remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción N°20 por conexidad de las presentes".
En el Juzgado 20 se instruye una causa a raíz de una denuncia iniciada por una denuncia de la ex legisladora Gabriela Cerrutti, en la que sostuvo que hubo diferencias en las declaraciones juradas de Macri en su condición de jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y como candidato a presidente.
La causa de los Panamá Papers se inició por una investigación de un consorcio internacional de periodistas que divulgó la documentación de un estudio de abogados de Panamá dedicado a la creación de empresas off shore, sospechadas de evadir al fisco.
En el caso de Macri se encontraron dos empresas, Fleg Trading y Kagemusha, que no figuraban en las declaraciones juradas del presidente, quien dijo que nunca tuvo participación activa en las dos empresas y que habían sido creadas por su padre Franco, quien ratificó sus dichos al declarar como testigo.
El juez Casanello sostuvo que la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que no había constancias que permitieran confirmar que las dos empresa hubieran incurrido en el delito de lavado de dinero.
El juzgado informó:
Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008;
Que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006;
No había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA y al no tener acreditado ese extremo no era posible tener por acreditada una hipotética inversión posterior, en cualquier empresa, particularmente en Martex do Sul, Mega Consultoría e Intron Brasil;
Para el juez no se pudo probar el lavado de dinero.
Que Owners do Brasil había ingresado a las empresas en el año 2007 mientras que los hechos que se investigan datan del año 1998 lo que denotaba una ruptura de nexo causal entre los sucesos;
Que de las participaciones accionarias en las empresas mencionadas no surgía elemento alguno que permitiera vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos.
En consecuencia, el juez resolvió que "al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero" y únicamente quedar por investigar un supuesto "remanente impositivo" ante la AFIP correspondía "declarar la incompetencia del fuero federal".