Pandemia y desigualdad: preocupación por los 4 millones de personas que viven en barrios vulnerables

Con una nueva cifra récord de casos confirmados y a horas de la extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio, una de las mayores preocupaciones del Gobierno y del comité de infectólogos y epidemiólogos que asesora al Ministerio de Salud y al presidente Alberto Fernández es lo que ocurra en los próximos días con los contagios en los barrios vulnerables. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, los contagios en asentamientos representan un 35 por ciento de los totales, y en la Provincia los testeos del operativo Detectar recién comenzaron esta semana.

Se trata de una situación alarmante, sobre todo en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, donde se concentran los mayores bolsones de pobreza. La pandemia de coronavirus, además, reveló las profundas desigualdades sociales: en todo el país viven alrededor de 4 millones de personas en alrededor de 4.000 barrios vulnerables. Si bien la mayoría se concentran en el área metropolitana, también hay grandes asentamientos en el Gran Tucumán, el Gran Córdoba y el Gran Rosario.

Hasta ahora, la mayor preocupación por los contagios se concentra en los barrios vulnerables de la Ciudad, que esta semana superaron los 1.400 y sólo en el barrio Mugica (ex villa 31) hay más de 1.000 personas contagiadas. La situación también es alarmante en la 1-11-14, de Bajo Flores, con más de 340 casos. En la Provincia, aseguran que todavía no hay “circulación viral” del COVID-19 en las villas y que de las 29.500 que relevaron, sólo 50 fueron considerados “casos sospechosos” y apenas cinco dieron positivo.

Mientras tanto, y a la espera del pico de contagios que se prevé para los primeros días de junio, el Gobierno apura el armado de dos centros de aislamiento para 1.400 personas que serán montados en predios linderos a la Villa 31: uno en la Terminal de Cruceros, que será construido por el Ministerio de Transporte; y el otro en un edificio de las Fuerzas Armadas, que será montado por el Ejército con containers que cedió al Estado la megaminera Barrick Gold,  que dejó de utilizarlos en San Juan.

LA PREOCUPACIÓN SOCIAL

La otra preocupación del Gobierno es social: cómo llegar a todos los sectores vulnerables que con la cuarentena impuesta el 20 de marzo quedaron sin ingresos y debieron recurrir a la asistencia estatal. Un dato clave es la entrega de alimentos, que según detallaron a BigBang desde el Ministerio de Desarrollo Social aumentó de 8 millones de kilos a 10,5 millones, destinados a organizaciones sociales, iglesias y ONG's de todo el país. Además, en abril transfirieron 500 millones de pesos a las provincias para la compra de alimentos y artículos de limpieza. En mayo, según detallaron, destinaron 1.000 millones de pesos. En el ámbito de la Ciudad, la asistencia a comedores se duplicó de 105 mil personas a 260 mil. 

Mientras preparan el pago de otro Ingreso Familiar de Emergencia y un plus para quienes cobran la Tarjeta Alimentaria, esta semana se supo que las políticas de asistencia - hay que sumar el pago de salarios a privados - demandaron desde abril unos 2.329.702 millones de pesos, alrededor del 7,7 por ciento del PBI, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda. El ministro Daniel Arroyo ya diseña, además, un plan “post-pandemia” que buscará generar empleos una vez que pase esta inédita situación.

No es menor la preocupación del Estado acerca de "cómo llegar" a los más vulnerables. La inscripción al IFE es un ejemplo claro: el Estado tenía información sobre 3,6 millones de personas (monotributistas de las categorías A y B, empleadas domésticas y trabajadores informales) en condiciones de recibirlo, pero se vio desbordado: hubo 11 millones de personas que se anotaron y finalmente lo recibieron 7,8 millones. El próximo pago podría incluir a más personas, porque se revisarán algunas inscripciones que fueron rebotadas.

La coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, reclamó poner especial atención a los barrios del Conurbano bonaerense y señaló que la mayor preocupación es por la necesidad de alimentos, que se multiplicó desde el inicio de la cuarentena. “La cuarentena produjo situaciones complejas en lo económico, la demanda de nuestros comedores aumentó muchísimo, viene gente que no concurría habitualmente y que no recibía ayuda del Estado”, graficó ante BigBang.

En este sentido, Saravia recordó la compra irregular de alimentos de Desarrollo Social, que derivó en que se apartaran a funcionarios y se diera marcha atrás con la adquisición de arroz y fideos. “Pedimos que se aplicara la ley de abastecimiento para que no se anule la licitación, sino que las empresas cobren los precios máximos fijados, porque eso produce demoras y que las empresas no se vuelvan a presentar”, consideró Saravia, que detalló además que la pandemia puso al descubierto los problemas estructurales del país. Saravia reclamó no sólo por el aumento del precio de los alimentos, sino también exigió a las empresas de telefonía móvil que liberen los datos del 4G para que aquellos que no tienen posibilidades de hacer una recarga puedan tener acceso a Internet.